El grupo ecologista GOB presentará alegaciones contra el nuevo sector comercial de 39.000 metros cuadrados en Can Picafort que se ha plasmado en la revisión de las Normas Subsidiarias (NNSS) que el ayuntamiento de Santa Margalida está tramitando. Los ecologistas consideran que el nuevo urbanizable para usos comerciales previsto en la segunda línea del núcleo residencial y túrístico, en una zona de pinar y garriga, "es desmesurado" y "no está justificado".

Además, el GOB considera que el acuerdo del ayuntamiento de Santa Margalida mediante el que se aprobó la revisión de las NNSS y su posterior exposición pública "es nulo de pleno derecho" debido a que no va acompañado del correspondiente documento ambiental, "tal y como determina la Ley de Evaluaciones de Impacto Ambiental de Balears".

En este sentido, la organización ecologista cree que el nuevo sector urbanizable comercial de 39.000 metros cuadrados no es necesario y añade que "no se han evaluado los impactos que podrían derivarse de su desarrollo". A modo de ejemplo, el GOB cita los problemas que podría provocar el desarrollo de un nuevo sector comercial "de estas dimensiones" en la movilidad del núcleo de Can Picafort.

Falta de desarrollo

El grupo ecologista apunta que la falta de justificación de la zona comercial "resulta más sorprendente si se tiene en cuenta la falta de desarrollo, de las NNSS del año 1986 hasta la actualidad, del suelo destinado a usos terciarios y de servicios previstos a lo largo del eje de la carretera de Artà".

Por todo ello, el GOB reclama la anulación del acuerdo de revisión de las NNSS adoptado en noviembre de 2017 y que se descarte el nuevo sector comercial.

Por su parte, el alcalde de Santa Margalida, Joan Monjo, explicó ayer que el Ayuntamiento ha suspendido la exposición pública de las NNSS tras haberse detectado un error de concordancia entre los planos que se exhiben y los que están plasmados en el documento urbanístico. Por este motivo, volverá a realizarse una nueva exposición de 45 días cuando se subsanen los errores.

Respecto a las alegaciones del GOB, Monjo señaló que "está en su derecho de alegar lo que considere oportuno, al igual que el resto de ciudadanos", sin más declaraciones sobre ello.