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Vilafranca de Bonany

Vilafranca pide límites para los nuevos parques solares

Solicita al Govern que tenga en cuenta el territorio limitado del municipio y que las empresas reinviertan parte del beneficio en el I+D+I local

El vertedero ilegal continúa acumulando escombros.

Vilafranca quiere poner límites, tanto de espacio como temporales, a los futuros parques fotovoltaicos que puedan desarrollarse dentro del municipio. Es por ello que ningún partido con representación puso trabas anteanoche, a la aprobación en pleno de la moción de IxVI-Esquerra, que pide al la conselleria de Medio Ambiente una normativa clara al respecto.

En concreto, el acuerdo municipal solicita que para Vilafranca (uno de los términos de menor superficie de la isla) el Govern limite tanto la extensión de las instalaciones solares, como el tiempo máximo en que éstas podrán estar en funcionamiento, además de asegurar la restitución de los terrenos a su estado original y clasificados como agrícolas.

Asimismo la moción reclama que la administración incentive los pequeños parques "a través de compensación y beneficios, tal como la facilitación de la tramitación mediante una guía modelo y medidas económicas", explica la portavoz de IxVI-Esquerra, Maria de Lluc Bauzà. Del mismo modo que impulse y ayude a la instalación de placas solares "en tejados o farolas, en zonas industriales y urbanas".

Finalmente el consistorio pide a la Conselleria que obligue a los futuros grandes parques "a destinar o invertir parte de sus beneficios en proyectos de investigación y desarrollo, a través de convenios de colaboración entre la administración y las empresas".

Por otra parte la misma formación denunció la existencia de un gran vertido ilegal de escombros y residuos en un solar cercano al casco urbano, concretamente al final del camí de l'Antiga, donde durante la semana camiones van dejando unos restos que después, durante el fin de semana, van siendo tapados con tierra "para evitar que sean vistos", y de esta forma subir poco a poco el nivel del solar. "No estamos en contra de nadie, pero esto es una acto de negligencia para no tener que pagar la gestión de los residuos", explica Bauzà.

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