El pleno del ayuntamiento de Deià aprobará hoy una modificación de sus presupuestos, para habilitar una partida de 171.000 euros que servirán para liquidar la indemnización que ha impuesto una sentencia judicial a favor de uno de los propietarios de los chalés demolidos de Llucalcari. Con esta ya son tres las indemnizaciones que afronta el consistorio deianenc que en total se aproximan a los 400.000 euros, según reconoció la alcaldesa del municipio, Magdalena López.
De acuerdo con los veredictos que han ido dictando, Deià ha abonado dos indemnizaciones de 60.000 y 160.000 euros respectivamente, a las que próximamente se les sumarán otros 171.000 euros para un tercer propietario afectado por las demoliciones. Y próximamente la cuarta y última indemnización, que muy posiblemente tendrá que pagar a los afectados por los derribos de cuatro viviendas que el Tribunal Supremo obligó a derribar en Llucalcari al declararlas ilegales.
Sentencia firme
Magdalena López explicó que la indemnización que hoy se aprueba está avalada con una sentencia que ya es firme. En cambio, las dos anteriores todavía no lo son, en tanto que los propietarios las recurrieron en instancias superiores. A pesar de ello "preferimos pagarlas cuando se conoció el primer fallo para evitar que más tarde lo tengamos que hacer liquidando además intereses de demora", afirmó la alcaldesa, que expresó su resignación "por unos hechos que ocurrieron hace años y que ahora debemos afrontar".
El pago de indemnizaciones viene a poner punto y final a un larguísimo litigio que tuvo su origen a finales de los años 80, cuando el grupo ecologista GOB denunció la construcción de cuatro chalés unifamiliares en el núcleo de Llucalcari. La entidad entendía que eran ilegales por estar ubicados en suelo protegido, pese a que disponían de las licencias municipales y con los informes favorables de los técnicos del Consell y el Govern.
Después de un largo proceso judicial el Tribunal Supremo falló a favor del GOB y ordenó al ayuntamiento de Deià el derribo de las casas, que se hizo efectivo en 2012. Para las arcas públicas supuso un gasto de más de medio millón de euros.
Asimismo, una sentencia de un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palma ha fallado a favor del consistorio, y obliga tanto al Consell como al Govern a sufragar los gastos de derribo e indemnización a los propietarios que se quedaron sin sus casas en Llucalcari. La alcaldesa explicó que la intención es que ambas administraciones "participen de los gastos, porque también fueron corresponsables en el otorgamiento de las licencias con las que se construyeron los chalés". Ambas administraciones han recurrido.
