El gobierno de centro-izquierda de Calvià (PSOE-SSPC) da por imposible la remunicipalización del servicio de agua, al menos en esta legislatura, tras constatar las dificultades jurídicas para recuperar la gestión que tenía Calvià 2000, así como la indemnización multimillonaria que habría que abonar en caso de rescate.
Así lo dejaron entrever en el último pleno municipal tanto el alcalde Alfonso Rodríguez Badal como el portavoz municipal, Andreu Serra, quien ocupa la presidencia de Calvià 2000.
Tras la crítica expresada por la edil no adscrita, Isabel Manresa, que lamentó que el PSOE había perdido "fuelle" en esta reivindicación, Rodríguez Badal respondió que la remunicipalización "costaría muchísimos millones de euros", al tiempo que recordó los pasos dados por el Consistorio para "minimizar el impacto de la privatización" que se aprobó en época del PP. "Intentamos la vía del contencioso-administrativo, pero nos tumbaron la demanda. Se nos dijo que era un decisión política y que no había agujeros técnicos", argumentó el mandatario calvianer, quien recalcó las gestiones realizadas para que reducir al máximo la subida del precio del agua. Una subida que, dijo, "apenas ha rozado el 3 ó el 4 por ciento".
"Condena de 50 años"
Serra, por su parte, aseguró que el gobierno municipal era "consciente" de que la privatización les había "condenado a 50 años", en referencia a la duración del contrato que se adjudicó Hidrobal, que contempla que también podrá hacerse con las concesiones de Aterca y Aguas de Peguera cuando éstas finalicen en los próximos años.
"La situación jurídica por la venta del agua, que fue una mala venta por parte del PP, nos complica mucho la posibilidad de la remunicipalización", argumentó Serra, quien, no obstante, subrayó que el equipo de gobierno mantiene como objetivo estratégico a largo plazo la remunicipalización del servicio.
En este sentido, destacó que se está llevando a cabo un "seguimiento escrupuloso" del contrato de Hidrobal para detectar posibles incumplimientos. Además, recordó, el Consistorio ha potenciado la colaboración con otros municipios en materia de remunicipalización. Recalcó además la aprobación de una declaración institucional en pro de la gestión pública del agua, que se ratificó en el último pleno con el voto en contra del Partido Popular.
"El agua ha de ser gestionada con criterios de solidaridad, sostenibilidad ambiental, cooperación mutua, acceso colectivo, equidad y control democrático, sin que se tengan que contemplar expectativas de lucro", se podía leer en la resolución.
Por parte del PP, el regidor Tolo Bonafé justificó el voto en contra y señaló que desde que se privatizó el agua de Calvià 2000 "el servicio ha mejorado". "En el municipio el suministro es bueno y no nos llegan quejas de vecinos", argumentó.
El resto de regidores se posicionó a favor de la gestión pública. El edil de Ciudadanos, Carlos Tarancón, matizó que esa gestión debe ser también "eficaz" y recordó el problemas de las fugas en la red. Desde Esquerra Oberta, Alfonso Rodríguez Sánchez destacó que fue su grupo el que presentó en septiembre de 2015 una moción que ya defendía que el servicio de agua ha de ser municipal.
