Las conclusiones a las que ha llegado el Tribunal Supremo en lo relativo a la adjudicación de la explotación del Puerto deportivo de Andratx no pueden extrañar en absoluto. Dejan al descubierto unos hechos que no son asumibles por irregulares pero, por otro lado, resultan repetitivos, y por tanto conocidos, con unos intervinientes adictos a la mala praxis en una gestión pública entendida y manejada a modo de monopolio particular.
Es otra herencia de Jaume Matas. El Supremo da por probado que la conselleria de Obras Públicas de Mabel Cabrer modificó la normativa de adjudicación a medida de la entidad Club de Vela de cuya junta directiva había sido miembro la propia consellera. Además, la explotación fue otorgada a una propuesta que no constituía la mejor puja y por si todo ello fuera poco, aún se hizo por el plazo de treinta años cuando la convocatoria era para catorce.
Ha pasado más de una década desde el apaño y ahora, con resolución judicial generada por la demanda del autor de la mejor oferta, se corre el riego de tener que asumir cuantiosas indemnizaciones por los perjuicios acreditados a concesionario real y potencial. Todos pagaremos los intereses y caprichos de quienes han manejado lo público como particular y privado.
Con la carga que ya se lleva a cuestas y la amarga experiencia acumulada con ello, no se puede aventurar que este sea el último episodio con remora de corrupción y aprovechamiento.
Dado que el escarmiento definitivo no llega a producirse, cabrá explorar la vía de la exigencia de legalidad, control y decencia moral al gestor público, por parte del ciudano. Lo decimos también al amparo de los mismos escándalos y detenciones de las últimas semanas en Balears y de las más recientes en Madrid y Cataluña. La Administración debe estar vestida con normalidad y solvencia. Una concesión se da a la mejor puja objetiva, no a la que conviene al otorgante.
