Un grupo de funcionarios del ayuntamiento de Llucmajor está en pie de guerra. Denuncia que la gestión municipal "empeora día a día" y ha recurrido ya a la Justicia. En el punto de mira están toda una serie de complementos de productividad a una serie de funcionarios y policías locales.
Según estos trabajadores críticos con el consistorio, en la nómina de diciembre han aparecido nuevos pagos de productividad, "algunos de ellos desorbitados, también sin ningún tipo de negociación, agravando el problema interno de los funcionarios".
En concreto, los pagos en concepto de productividad que se han retribuído en el pasado mes de diciembre son 12.000 euros a un auxiliar administrativo, 3.000 a otros tres auxiliares administrativos y 150 a dieciséis policías.
En opinión del grupo de funcionarios que protestan (su opinión puede verse en el Facebook Funcionaris de Llucmajor), el decreto en cuestión es un escándalo, "un decreto que indigna a todos los funcionarios". En esta línea, "nuestros juristas, con este segundo decreto, ven una posible malversación de fondos públicos y una posible prevaricación, tipificadas en el Código Penal". En estos momentos, "los diferentes gabinetes jurídicos del CSIF y SPPME preparan el expediente para presentarlo a Fiscalía".
El grupo Funcionaris de Llucmajor finaliza su contundente escrito así: "Los funcionarios nos sentimos humillados por este equipo de gobierno, principalmente por su actitud y determinación. Lo más triste es que no les importa en absoluto. Si todo sigue en esta dirección, no nos podemos ni imaginar cómo terminará esta triste legislatura".
Por su parte, el pacto integrado por PSOE, Més y El Pi se muestra cohesionado y tranquilo, asegura que cada uno de los pagos es legal y defiende con firmeza su gestión. Remarca que todo "ha sido avalado por los técnicos competentes de la Corporación municipal".
Asimismo, socialistas, ecosoberanistas y regionalistas subrayan que esta legislatura, llevando ellos las riendas, "se han recuperado derechos sociales quitados durante el mandato del PP, con el Plan de Ajuste de 2012, se trata de ayudas sociales, ayudas sanitarias, ayudas escolares, etc.". En este sentido, reprochan "la deuda millonaria dejada por el PP y los graves retrasos acumulados, afectando también ello a personas con riesgo de exclusión social, que también las hay en el consistorio".
El ayuntamiento de Llucmajor suma unos 500 empleados, entre funcionarios (la Relación de Puestos de Trabajo finalmente se ha completado) y personal laboral (RPT actualmente en proceso).
