El alcalde de Maria, Antoni Mulet (PP), firmó un convenio urbanístico que blindó una indemnización a Antonio Crespí de fracasar la reclasificación de suelo rústico a industrial de unos terrenos de su propiedad. El promotor del fallido polígono en el pueblo es dueño de Closanet SL, administrada conjuntamente por una empresa de Pedro Mulet Vademar y Rafael Mulet Campins, padre y hermano respectivamente del político popular.
El acuerdo rubricado por Mulet estipula que "en caso de no aprobación definitiva de la modificación del planeamiento, el Ayuntamiento de Maria se compromete a compensar económicamente" a Crespí por los solares cedidos anticipadamente para habilitar un estacionamiento y espacios públicos.
Hace escasas semanas, el Consell de Mallorca denegó las normas subsidiarias del municipio de Maria de forma definitiva, tumbando las expectativas de crear suelo industrial. Ello abre ahora la puerta al promotor a reclamar al Ayuntamiento una indemnización. El PSOE local acusa a Mulet de haber urdido la operación urbanística movido exclusivamente para favorecer los intereses del socio de sus parientes directos, facilitando "información privilegiada" a Crespí y siendo plenamente consciente de su inviabilidad por el Plan Territorial.
La sociedad de Antonio Crespí, Closanet SL, radicada en Maria y dedicada entre otras actividades a la promoción industrial y la construcción, tiene como administrador mancomunado a Construccions Rustic des Pla SL. Según el Registro Mercantil, esta empresa está a nombre de Pedro Mulet y Rafael Mulet, familiares directos del alcalde Antoni Mulet.
Unos 34.000 metros
El 12 de mayo de 2008 el alcalde firmó un convenio con Crespí, propietario de varias parcelas denominadas Son Roig, es Cós y aledaños. Suman algo más de 34.000 metros cuadrados en la entrada de la localidad desde la carretera de Santa Margalida, anexos al podeliportivo municipal.
"Existe un mutuo interés en clasificar esta área como suelo urbanizable destinado a uso industrial, servicios y equipamientos públicos", señala el convenio urbanístico en cuestión. El popular Antoni Mulet justificaba la necesidad de que Maria contara con un polígono en que la falta de suelo industrial específico provoca que esta actividad se desarrolle en el núcleo urbano y en suelo rústico, "con los consecuentes problemas que se derivan".
El convenio establecía la posibilidad de hacer una cesión anticipada de suelo al Ayuntamiento, aun sin haberse aprobado el cambio de uso, para un estacionamiento y espacio verde públicos junto a la zona deportiva. El documento incluía una cláusula para resarcir al promotor "en caso de que finalmente lo previsto no se ejecutara". En caso de disconformidad entre las dos partes, se prevé designar a tres peritos para que dictaminen los costes a pagar por parte del consistorio.
Lo que ha ocurrido finalmente es que el Ayuntamiento ha invertido más de 40.000 euros para adecuar el aparcamiento en los solares de Crespí, sin que éste haya llegado a cederlos "por la imposibilidad se segregar los terrenos", consta en un informe del secretario municipal a petición del concejal de El Pi.
Unos meses más tarde de aprobarse el convenio, en julio de 2008, los socialistas de Maria presentaron una denuncia ante Fiscalía contra el promotor Crespí y el alcalde Mulet. Al primero le acusaban de haber adquirido las parcelas rústicas "en connivencia" con el alcalde y "a sabiendas" de que serían recalificados para crear allí el polígono. Y es que inicialmente los terrenos eran de otro propietario, Miquel Mas Ribas, que había firmado años antes otro convenio con el Ayuntamiento para ubicar allí la nueva escuela y el centro sanitario.
Denuncia archivada
El PSOE denunciaba asimismo que el político del PP había torpedeado exprofeso el convenio anterior, "fomentando el desánimo del señor Miguel Mas, el cual se vio indirectamente obligado a vender al señor Crespí".
La Fiscalía Anticorrupción interpuso una denuncia ante el juzgado, que fue archivada en 2010. La magistrada concluyó que no quedaba probado la comisión de un delito de aprovechamiento de información privilegiada y de actividades prohibidas a funcionarios públicos, porque no se había conseguido ningún beneficio económico con el convenio.
El PSOE denuncia que ahora sí se generará un perjuicio económico para el Ayuntamiento, por la indemnización prevista para el promotor del frustrado polígono. Los socialistas señalan que Mulet era consciente de las múltiples deficiencias técnicas que han terminado tumbando la revisión del planeamiento urbanístico, y no obstante ha promovido el polígono por sus vínculos familiares con el propietario de los terrenos.
