Mañana lunes se cumplirán los primeros cien días desde la constitución de los ayuntamientos. Ha concluido el periodo de gracia que disfrutan tradicionalmente los nuevos gestores para tomar contacto con sus cargos y empieza la etapa de la gestión pura y dura. Es el momento de realizar los primeros balances de una legislatura que apenas empieza a caminar, pero que en algunos municipios ya ha dejado detalles que invitan a pensar que el cambio de rumbo está garantizado en los ayuntamientos en los que se ha producido un trasvase de color político. Quedan cuatro años por delante para confirmar si las declaraciones de intenciones se quedan en eso o bien se confirman las expectativas depositadas en los nuevos gobernantes. Y es que una cosa es estar en la oposición y otra tomar las riendas del poder municipal, donde muchos chocan con una realidad muy diferente que les instala en el inmovilismo. La herencia recibida y los hechos consumados son argumentos muy recurrentes para justificar el continuismo.
El traspaso de poderes
Las elecciones del 24 de mayo dejaron un mapa político totalmente diferente en Mallorca. De las 29 mayorías absolutas que había logrado el PP en 2011, apenas quedan siete, cuatro de ellas en municipios poco representativos desde el punto de vista demográfico. Los populares conservan doce alcaldías cuando tenían 31. En algunos municipios que siguen en manos del PP, además, la gobernabilidad pende de un hilo al estar en minoría por la falta de acuerdo entre las fuerzas que hoy ocupan los sillones de la oposición.
En casi una treintena de municipios se ha producido un cambio de color político y de los 53 alcaldes de Mallorca, se estrenan en el cargo 29.
El traspaso de poderes ha sido poco traumático en la mayoría de municipios. O al menos los nuevos equipos se han mostrado discretos a la hora de explicar lo que se han encontrado en los cajones municipales. Sí se han producido críticas por parte de nuevos alcaldes hacia sus predecesores, como es el caso de Alcúdia, donde el regidor Antoni Mir (El Pi) ha denunciado que la exalcaldesa popular Coloma Terrasa aún no se ha reunido con él para ponerle al día de la gestión municipal. En Llucmajor, donde un pacto de un PP que ha ostentado el poder local durante 24 años, han denunciado la "deuda monstruosa" dejada por los populares, que asciende a 40 millones de euros. En Alaró, la oposición ha denunciado mediante folletos el elevado sueldo de la nueva alcaldesa socialista.
Eso sí, muchos de los nuevos alcaldes coinciden en afirmar que la mesa de su despacho "está llena de problemas sin resolver" y proyectos a medio hacer que ya están comprometidos y deberán ejecutarse tal y como los idearon los antiguos gestores.
Los efectos de la nueva política
Es evidente que algo ha cambiado en los últimos años. La aparición de partidos emergentes decididos a acabar con las prácticas oscurantistas de la vieja política ha desatado la fiebre de la participación ciudadana como base fundamental de la gestión municipal. Prácticamente todos los partidos, incluido el PP, han garantizado a los ciudadanos que tendrán un papel activo a la hora de tomar las decisiones.
Muchos ayuntamientos han decidido que los plenos se harán por la tarde. Incluso alguno de ellos, como Sencelles, han realizado una consulta popular para decidir el horario de las sesiones públicas. La redacción de reglamentos de participación ciudadana está a la orden del día, como en Llucmajor. El último ayuntamiento en destacar la importancia de los residentes en las decisiones municipales ha sido Calvià, que pondrá en marcha un proceso para que los ciudadanos digan la suya en la revisión del nuevo Plan General.
En algunos consistorios la voluntad de los alcaldes de potenciar la participación y la transparencia ya ha sido motivo de rifirrafes con la oposición. Es el caso de Pollença, donde el portal de transparencia anunciado por el nuevo pacto progresista aún no se ha desarrollado, o Sóller, donde la oposición ha denunciado que las políticas de participación "se han quedado en nada". En Lloseta, con un pacto entre El Pi y el PSOE, también quieren mejorar la política de comunicación con los ciudadanos a través de una web municipal renovada, y en Manacor el nuevo equipo de gobierno ha iniciado una 'revolución' virtual para tener presencia activa en todas las redes sociales.
Detalles para marcar distancias
Cien días no son suficientes para que la calle note el trabajo de los nuevos gestores municipales, pero sí para que éstos muestren gestos de cara a la galería que sirven para marcar distancias con la anterior etapa política. Son detalles y concesiones que indican hacia donde irán los tiros en los cuatro años restantes.
Actuaciones como las de los ayuntamientos de Pollença o Llucmajor de retirar los crucifijos que presidían los plenos han provocado las primeras controversias con la oposición y suponen una ruptura con determinadas tradiciones que parecían inamovibles. En Felanitx, el nuevo gobierno municipal progresista ha decidido no acudir a los actos religiosos en representación del consistorio.
Igualmente significativas son las negativas de los consistorios de Inca y Manacor de denegar al Ejército la celebración de un concierto conmemorativo en sus respectivos municipios para celebrar los 300 años de la creación de la Capitanía General. Una decisión difícil de imaginar en los anteriores representantes municipales. En la capital del Llevant, los primeros gestos del nuevo alcalde nacionalista han sido eliminar el privilegio que tenían los regidores de aparcar frente al edificio consistorial y la redacción de un código ético que impide a los ediles recibir regalos de particulares. También ha restringido el aparcamiento en el camino que conduce a Cala Varques, una medida que pretende evitar la masificación que padece la playa virgen. Felanitx ha llevado a cabo una decisión similar en algunas playas de Portocolom con el fin de que no aparquen caravanas.
Calvià también ha decidido marcar distancias con el anterior equipo de gobierno cambiando la cúpula de la Policía Local y demostrando una mayor sensibilidad hacia la memoria histórica. En Sóller también fue muy comentada la decisión del alcalde de eliminar unas vidrieras en la antesala de su despacho para demostrar una mayor transparencia.
Incluso algunos ayuntamientos del PP como Fornalutx han decretado la retirada de placas en las que figuran los nombres de políticos condenados por corrupción.
La hora de la gestión
Algunos ayuntamientos, principalmente en los que se ha producido un cambio de tendencia política, han aprovechado los primeros cien días para ponerse al día de la gestión y realizar las primeras actuaciones políticas. Calvià ya ha presentado un calendario para revisar de nuevo el Plan General, un objetivo que comparte con Manacor, si bien en este municipio ya han anunciado que se producirá un retraso con respecto a las previsiones.
El alcalde de Inca también se ha puesto manos a la obra para definir un plan de reactivación económica y reclamar al Govern algunos de los servicios afectados por los recortes de la pasada legislatura. En Alcúdia, una de las primeras actuaciones ha sido gestionar la paralización de las obras de soterramiento del cable eléctrico que transcurre por el casco urbano. En Sóller también se han iniciado algunas obras polémicas con importantes reacciones ciudadanas.
