La aprobación de las cuentas generales del pasado año 2011, que confirman la situación saneada del ayuntamiento de Alcúdia, con un superávit de once millones de euros, marcó ayer gran parte del debate en el pleno ordinario de la corporación.

La oposición, concretamente el PSOE, calificó de "gran irresponsabilidad" el hecho de que el Ayuntamiento "tenga guardados en una hucha" once millones de euros, una tercera parte del presupuesto anual de la corporación, "teniendo en cuenta la difícil situación por la que pasan las familias del municipio". "Estos números son una vergüenza", apuntó el portavoz socialista, Pere Malondra, quien instó a los populares a invertir "en la calle" el millonario remanente.

Por su parte, Miquel Llompart, portavoz de Convergència, indicó que los números de 2011 "demuestran que el PP heredó una buena situación económica" del anterior equipo de gobierno (PSOE-UM) y cuestionó algunos aspectos de las cuentas del pasado año como el sobrante de 22.500 euros en la partida presupuestaria destinada a ayudar a la gente necesitada del municipio, un aspecto en el que también incidió el socialista Malondra.

El regidor responsable de la economía municipal, Joan González (PP), contestó que "son los técnicos quienes deciden el tema de las ayudas a la gente necesitada, y no los políticos". Respecto al superávit, González replicó que el Ayuntamiento debe tener recursos "para pagar las deudas que dejó el anterior equipo de gobierno" y aseguró que entendía que el PSOE criticase el superávit porque "lo único que dejaron ellos fueron déficits cada año".

El debate se cerró con el voto en contra de PSOE y Convergència y el apoyo de PP y Carme García a la aprobación de las cuentas.

Por otra parte, la sesión aprobó una modificación del impuesto de bienes inmuebles que afecta a las grandes empresas, a las que se aplican incrementos del 10% dentro del presente año y del 30% a partir de 2013, y una serie de bonificaciones para el pago del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.

El equipo de gobierno rechazó dos mociones socialistas que instaban a Madrid a evitar la subida del IBI y a la corporación municipal a reducir retribuciones e indemnizaciones de los ediles.