La querella presentada hace unos meses por el ayuntamiento de Manacor contra el conseller de Obras Públicas del Govern, Jaume Carbonero, al interpretar como partidista su estudio de peritaje en contra del polémico puente del Riuet de Porto Cristo, se ha topado con la oposición del fiscal del juzgado de instrucción número siete de Palma, quien no ve conveniente admitir a trámite la demanda de los servicios jurídicos del consistorio manacorí. De esta forma, es muy previsible que el juez encargado de dirimir sobre la cuestión tampoco admita dicha querella, uno de los últimos recursos de la Sala para salvar la obra.
Cabe recordar eso sí, que todavía queda una posibilidad real para mantener el puente en pie, la que se centra en la resolución por parte de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Balears (TSJB), del incidente planteado por el Ayuntamiento y que se basa en la Ley aprobada el pasado mes de julio por el Parlament, que ampara la infraestructura dentro del Plan de Carreteras del Consell de Mallorca, y por tanto dentro de la legalidad.
El problema es que ya meses antes, la Sala presidida por el juez Gabriel Fiol había dictado sentencia firme a favor de los vecinos perjudicados por la construcción de Porto Cristo, lo que obliga al Ayuntamiento a derribar la obra. Los propios servicios jurídicos locales, también con posterioridad a la sentencia, llegaron a un acurdo económico con los vecinos por 477.000 euros por retirar las denuncias. De momento, las obras de derribo están paralizadas hasta nueva orden judicial.
