Un informe firmado por el director y coordinador del Centro de Salud de Porto Cristo, Bernadí Bou, advierte que el cierre continuado del puente elevado del Riuet de Port Cristo y por tanto la dilatación en tiempo y kilómetros que comporta para el paso de las ambulancias hasta el Hospital de Manacor, "en casos de urgencia vital y en los meses de mayor afluencia turística puede poner en compromiso la vida del paciente afectado".
Asimismo considera que se produce una gran merma en la atención médica domiciliaria "ya que un desplazamiento que en condiciones normales sería muy corto, el hecho de tener el puente cerrado lo aumenta considerablemente". Hay que tener en cuenta que el Centro de Salud de Porto Cristo abarca buena parte de la zona costera del término municipal, desde la propia localidad hasta Cala Murada, Cala Anguila, Cala Mendia, s´Estany den Mas y Calas de Mallorca.
Finalmente el informe hace hincapié "al aumento del número de usuarios de nuestro centro de salud durante la temporada turística y que se verían afectados por el cierre en caso de urgencia", Bou define como "vital para la atención sanitaria".
Junto a dicho documento, con fecha uno de abril y que debía ser entregado el pasado lunes en las dependencias de la Audiencia de Palma junto a las 3.028 firmas de vecinos y comerciantes pidiendo la reapertura, el ayuntamiento de Manacor tiene previsto adjuntar otro informe elaborado expresamente por la UTC (Unitat Territorial de Costes, delegación de la Policía Local en Porto Cristo), de forma paralela y en el mismo sentido, en cuanto al perjuicio circulatorio que la continuidad de la situación provocará durante los meses de verano, tanto para locales como para turistas, teniendo en cuenta además las estrecheces del viejo puente de madera por el que vuelven a circular los vehículos siete años después.
Nueva reclamación al TSJB
Todo ello será enviado durante los próximos días al Tribunal Superior de Justicia de las Balears (TSJB), cuya sala de lo Contencioso-Administrativo dirigida por el juez Gabriel Fiol, mantiene el cierre de la infraestructura desde el pasado 15 de enero y la paralización de cualquier obra tanto para el desvío de los servicios de agua y electricidad como para el reacondicionamiento de la carretera Coves, a la espera de un pronunciamiento que dicte si la sentencia de demolición debe o no continuar adelante.
Y es que está previsto que hasta entrado el próximo mes de mayo, el TSJB no se pronuncie sobre el incidente del Parlament, la ley aprobada el pasado julio que auspiciaba la obra dentro del marco legal. Además se da la circunstancia que durante este último proceso, Consistorio y vecinos afectados han llegado a un acuerdo económico por el cual aceptan retirar la demanda para el derribo del puente a cambio de 473.000 euros, siempre y cuando la polémica obra siga finalmente en pie.
Cabe recordar que el pasado domingo 27 de marzo, algo más de 300 personas acudieron a la concentración organizada por la asociación de comerciantes en la céntrica plaza de s´Aljub, para pedir una vez más no ya la salvación en sí de la infraestructura sino sobre todo la reapertura de la vía durante el transcurso de la Semana Santa y la temporada turística de verano.
