La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Balears (TSJB) ha dicho no por tercera vez a la solicitud del ayuntamiento de Manacor, para levantar la paralización de las obras para la demolición del puente elevado del Riuet de Porto Cristo, que también impiden por el momento el desvío de los servicios tanto de electricidad como de agua potable y alcantarillado. Asimismo tampoco es posible en estos momentos acondicionar la antigua continuación de la calle Sant Lluís por el viejo puente de madera, y habilitar el paso en ambas direcciones.

Según el juez del TSJB, Gabriel Fiol, la medida ha sido adoptada para no seguir causando más molestias a los vecinos de la finca Cap des Toi afectados por la obra, aún teniendo conocimiento del último acuerdo alcanzado entre los propietarios demandantes y el consistorio manacorí por un total de 473.000 euros si el puente no es finalmente tirado abajo.

De esta forma tanto la empresa navarra Erri-Berri, encargada de la propia demolición, como las insulares Electrohidráulica y Gost-Simó, deberán esperar según parece hasta el pronunciamiento judicial sobre si el puente de Porto Cristo es o no legal atendiendo a la ley del Parlament de julio del año pasado, mediante la que quedaban asumidas dentro del Plan de Carreteras del Consell, todas aquellas rondas, variantes o travesías conveniadas por los ayuntamientos con el Govern o con el propio Consell, aunque en esos momentos no estuvieran de forma efectiva en el Plan.

Saber si fue una ley especial

Hace unos días el TSJB pidió una serie de documentación al Parlament para conocer precisamente de que forma se tramitó dicha ley, y por consiguiente determinar si se trata de una norma especial hecha a medida para la infraestructura porteña, o por el contrario también se elaboró pensando en otros ejemplos en situación similar de la isla.

Por otra parte y tras la negativa del Tribunal Constitucional de admitir a trámite el recurso municipal de amparo para salvar el puente, está previsto que en abril representantes del bufete madrileño Cremades-Calvo Sotelo pasen a liquidar sus honorarios.