El ayuntamiento de Andratx ha sacado a concurso, por vía de tramitación urgente, las obras de demolición de un edificio de viviendas del Port. El importe de la licitación asciende a 343.000 euros y en las bases del concurso se establece que el plazo de ejecución debe ser de un mes y medio.
Esta edificación ilegal fue objeto de una sentencia, según la cual si en diciembre no se ejecuta el derribo cuatro altos responsables municipales –entre ellos, la alcaldesa Isabel Alemany (UM)– deberán pagar cada uno una multa de 600 euros mensuales.
Los otros tres regidores del Ayuntamiento emplazados por la resolución judicial son el responsable de Urbanismo, Epifanio Méndez; el regidor de Hacienda, José Ángel Prieto; y el de Obras y Servicios, Francesc Femenias, quien fue alcalde durante los dos primeros años de esta legislatura.
La sanción a la que se enfrentan podría llegar a aumentar hasta mil euros si pasan tres meses sin realizarse el derribo. En caso de que no se materialice en medio año, el fallo contempla el embargo de sus propiedades.
Orígenes del pleito
La historia de este conflicto judicial se remonta a hace dos legislaturas, cuando estos miembros de la corporación no ocupaban responsabilidades de gobierno. En el año 2001, los promotores del inmueble obtuvieron una licencia municipal para construir en la avenida Gabriel Roca del Port.
El permiso lo lograron a pesar de que el solar en que se erigió el edificio tenía únicamente la calificación para zona de aparcamiento. Constatada la irregularidad, una resolución judicial emplazó al Consistorio a ejecutar subsidiariamente la orden de derribo. Esto significa que el Ayuntamiento podrá demandar posteriormente el dinero a la promotora del edificio, pero, de momento, deberá afrontar este esfuerzo económico.
A principios del mes de septiembre, la alcaldesa Alemany se reunió con el juez titular de lo Contencioso–Administrativo número dos de Palma, a fin de solicitarle una suspensión cautelar del derribo.
El argumento esgrimido por la máxima responsable municipal de Andratx fue que se trataba de una pieza judicial que forma parte del denominado caso Voramar –un presunto entramado de corrupción de venta de licencias ilegales de obras– y que, por tanto, había que esperar a conocer la resolución definitiva sobre este caso. Al final, sin embargo, el juez rechazó esta petición.
Desde el departamento de Urbanismo, ya se ha redactado el proyecto de ejecución de la demolición.
