Unas 300 familias están a la espera de encontrar una vivienda con un alquiler asequible a través del programa Palma Habitada que gestiona el ayuntamiento de la ciudad.

En estos momentos Cort dispone de 600 viviendas puestas en alquiler por sus propietarios a través de este programa municipal que, entre otras cuestiones, pretende captar viviendas del mercado libre a un precio más bajo que el del mercado.

A cambio, el Ayuntamiento garantiza al propietario del inmueble acogido al programa el pago del alquiler hasta un importe de 2.400 euros o el equivalente a seis meses. Ahora se ha incorporado otra garantía consistente en el abono de un máximo de 600 euros a los propietarios de los pisos con el fin de cubrir los posibles desperfectos ocasionados por los arrendatarios cuando abandonan la vivienda.

Pese a estas facilidades, unas 300 familias están en estos momentos en la lista de espera para conseguir un piso incluido en el programa ya que las ofertas por parte de los propietarios cayeron en picado a lo largo del pasado mandato, cuanto el anterior equipo de gobierno decidió suprimir las garantías que se daban a los propietarios de los pisos arrendados, además de hacerse cargo directamente de la gestión del programa produciéndose de esta forma un ahorro de 600.000 euros.

Esta decisión provocó que de las más de 1.200 viviendas que se habían ofrecido a la empresa que gestionaba en programa, se pasara a las 600 actuales, puesto que los propietarios consideraron que, con la supresión de las garantías, ya no les era rentable arrendar su vivienda a un precio al menos un 30% inferior al del mercado, tal como les exigían. Con la recuperación de las garantías se pretende que los propietarios vuelvan a confiar en la iniciativa y ofrezcan pisos de alquiler asequibles.

De hecho se fija una renta máxima inicial de 490 euros y los responsables del programa se aseguran de que el piso que se pretende incluir para su alquiler se encuentra en un buen estado de conservación y con todos los suministros dados de alta. Los futuros inquilinos, por su parte, deben cumplir con una serie de requisitos, entre los que se incluye disponer de unos ingresos asegurados al menos durante el primer año de alquiler, con un importe mínimo de 621 euros y un máximo de 1.553.

En el caso de que el arrendatario haya sido desahuciado por impago de la hipoteca debe demostrar que no ha podido acceder a una vivienda del fondo social estatal.