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Corrupción en la Policía Local

Un empresario perdió 200.000 euros por la presión de la Patrulla Verde

Abrió varios negocios nocturnos y casi cada fin de semana recibía la visita de la Policía Local para realizar redadas antidrogas o inspección de documentos

El policía Nicanor G. se aprovechó del cierre de un local en Gomila para llenar su bar.

Un empresario con negocios nocturnos en Palma ha denunciado al juez Penalva que se ha quedado en la ruina, perdiendo una inversión de unos 200.000 euros, como consecuencia del acoso constante al que le sometió la Patrulla Verde de la Policía Local. La víctima abrió varios negocios y llegó a recibir cada fin de semana a una clientela de más de 1.500 personas. Pero cuando el negocio iba creciendo, de pronto llegaba la Policía Local. Hubo un momento en el que cada fin de semana, con el local lleno de gente, se realizaba una inspección, que muchas veces consistía, no solo en solicitar la documentación, sino también en redadas con la presencia de numerosos agentes.

Este empresario es uno de los testigos que ha aportado datos al juez Penalva y al fiscal Subirán, que investigan la trama corrupta de la Policía Local. Los locales que explotaba están ubicados en la calle Joan Miró. Se ha comprobado que varios policías locales, que tenían intereses en otros negocios nocturnos, se aprovechaban de su influencia en San Fernando para instar a que se realizaran constantes inspecciones en los bares de la competencia.

"Lo he perdido todo", llegó a declarar al juez, hasta el extremo de que perdió su casa, que llevaba diez años pagando, y tuvo que instalarse con su mujer y su hijo recién nacido en una habitación de su local, ya que antiguamente había sido un club de alterne.

Después de que la Policía Local le clausurara uno de sus locales, diciendo que no cumplía una serie de normativas, abrió otro negocio nocturno. Se trata del bar Dylans, en la calle Joan Miró. Tuvo la fortuna de que el local pronto se llenó de clientes. Iban más de mil personas los fines de semana. Pero todo cambió cuando la Patrulla Verde comenzó a visitar periódicamente el local. De este millar de clientes, se pasó a recibir únicamente unas diez personas los fines de semana. No pudo pagar el alquiler y tuvo que cerrar.

La clientela, en su mayoría personas de origen sudamericano, se trasladaron los fines de semana a otro local nocturno. Pasaron de la calle Joan Miró a la Playa de Palma. El negocio que recibió este flujo de clientes pertenecía a uno de los policías locales de Palma que están implicados en la trama corrupta y que ha llegado a ingresar en prisión. Varios testigos han acreditado que este negocio, antes de que el bar de la competencia empezara a sufrir el acoso de la Policía Local, apenas tenía clientes. No entraban más de una docena de personas los fines de semana. Sin embargo, después la situación cambió y la dirección del local se veía obligada a dejar a clientes en la calle, porque ya no cabía más gente en la discoteca.

Este empresario también señaló que por un exceso de ruido de tres decibelios, que apenas se detecta, la Policía Local de Palma tramitó una orden inmediata de clausura. El sonómetro se colocó en un piso próximo al local, n concreto en la vivienda de la persona que había denunciado. No se realizó ningún tipo de control sobre esta aparato de medición, hasta el extremo de que se sospecha que el ruido que captó procedía del propio domicilio del denunciante, pues se ha comprobado que aquella noche el local ni siquiera estaba abierto al público. Este testigo llegó a denunciar también que la Patrulla Verde llegó a clausurarle la pista de baile, permitiendo la utilización del resto del local.

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