Ha llamado la atención que un sindicato afín a la dirección de Emaya -a cualquier dirección, para ser más exactos- haya pedido al comité de empresa de la sección de Medio Ambiente que solicite la dimisión en bloque de todo el consejo de administración de la empresa, con Andreu Garau al frente, por su imputación judicial por la ejecución de un aval de 240.000 euros a la empresa que instaló la recogida neumática.
Como era de esperar, el comité no aceptó la petición de Sitemaya. Algunos miembros del comité de empresa recordaron que este sindicato nunca se ha sumado a las peticiones de dimisión efectuadas por los representantes sindicales tanto a Garau como de su equipo directivo, por lo que ahora no entienden el interés que puedan tener para hacerlo, teniendo en cuenta que la imputación judicial se ha producido por defender los intereses de la empresa y sin que la decisión de ejecutar el aval haya sido acordada por el consejo de administración.
Afirman que quizá tenga que ver con el hecho de que su secretario general tenga que enfrentarse a mediados de mes a un juicio penal por presunta agresión a otro sindicalista de UGT.
El expediente disciplinario que en su día abrió la empresa contra el presunto agresor, secretario general de Sitemaya y jefe del servicio de Recogida, fue encargado por la actual dirección a una consultoría jurítica externa, con el fin de que el proceso sea lo más neutral y transparente posible, algo que no habría sentado nada bien al dirigente sindical que ahora pide dimisiones en bloque sin saber muy bien por qué ni a qué personas afecta.
