Cerca de cuarenta empleados de la cárcel de Palma se han manifestado hoy frente al recinto para protestar contra el proceso de privatización en Instituciones Penitenciarias y exigir su inmediata paralización.
La delegada de Comisiones Obreras en Instituciones Penitenciarias de Baleares, Marisa sánchez, ha indicado que la privatización afecta a la cárcel de Palma, donde vigilantes de seguridad privada prestan servicio en el exterior del centro acompañados de la Guardia Civil.
Sánchez ha precisado que la labor que llevan a cabo vigilantes privada está en un periodo de prueba de seis meses que se acerca al final.
La representante de Comisiones Obreras también ha explicado que el departamento de Instituciones Parlamentarias como un servicio público se está realizando a base de ""no convocar oferta pública de empleo y así poder justificar el mal funcionamiento de los centros y proponer su privatización".
