El caso del presunto amaño de oposiciones en la Policía Local de Palma tiene un nuevo imputado. Se trata de otro agente del cuerpo municipal, pero en esta ocasión no está acusado de hacer trampas en los exámenes. El policía está inculpado por haber amenazado a dos compañeros que acudieron a declarar como testigos del caso de corrupción.
El agente, Jaime G. C., de 43 años, fue denunciado por uno de los policías que dijo sentirse coaccionado. Según la querella, Jaime G. C. se encontró con dos testigos en un pasillo de Sant Ferran y les advirtió que "estaba tomando nota" de todo lo que habían dicho ante los juzgados.
Tras la querella, acudió a declarar a los juzgados el pasado 14 de diciembre en calidad de imputado. La Fiscalía Anticorrupción consideró que el acusado había cometido un delito de obstrucción a la Justicia.
Pese a su situación jurídica y a diferencia del resto de imputados por el presunto amaño de oposiciones, Jaime G. C. no ha sido suspendido de empleo y sueldo. El agente continúa desarrollando sus funciones en el Servicio de Información y Análisis Policial (SIAP) del cuerpo palmesano.
Miembro de la ´policía secreta´
Esta unidad es una especie de policía secreta que se dedica a realizar investigaciones confidenciales y tiene contacto con las brigadas de información del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil. Ello supone que tanto él como el resto de agentes tienen acceso a datos reservados.
Además, obtienen uno de los mayores pluses salariales dentro de la policía local por el desempeño de sus funciones, bajo el pretexto de que deben tener flexibilidad y disponibilidad horaria.
El agente fue colocado en la policía secreta palmesana a mediados de 2013 durante el mandato del anterior jefe del cuerpo, Antonio Vera, quien también está imputado en el caso. Un testigo afirmó en su declaración judicial que Jaime G. C. era amigo del ex director general de Seguridad Ciudadana, Enrique Calvo (PP).
Jaime G. C. acudió a declarar voluntariamente ante la Fiscalía Anticorrupción a favor de la cúpula policial. En su testimonio, afirmó que él frecuentaba el despacho de Enrique Calvo, aunque nunca utilizó el ordenador portátil que había sobre la mesa. Desde esa oficina se enviaron por correo electrónico las preguntas filtradas de la oposición.
Este diario trató de contactar ayer sin éxito con el regidor de Seguridad Ciudadana, Guillermo Navarro (PP), para conocer cómo procederán ante la nueva imputación.
