El Ayuntamiento ha tenido que dar marcha atrás y posponer los artículos polémicos de la futura ordenanza de la vía pública, que quiere aprobar antes del verano.

Sin embargo, no los elimina del todo, ya que los citados puntos conflictivos del borrador serán trasladados a una nueva norma sobre la convivencia ciudadana. Son los que se refieren a jugar en la calle, actuaciones de artistas callejeros, mendicidad, venta ambulante, recogida de firmas, mesas informativas, acampadas o encuestas. La ordenanza que Cort prevé aprobar en el pleno de abril o mayo se limitará a regular el espacio ocupado en la calle por los negocios de restauración, según informó ayer la regidora de Función Pública y Gobierno Interior, Irene San Gil.

El motivo de dicha retirada se debe a la polémica suscitada por el recorte de derechos básicos que suponían varios artículos de la normativa. Pese a que expertos de reconocido prestigio afirman con rotundidad que algunos de ellos son inconstitucionales, la concejala aseguró que Cort "no quiere recortar derechos, sino dar garantías para su ejercicio", y añadió que "el espíritu de esta norma es de tolerancia en las actividades". Asimismo, San Gil destacó que los servicios jurídicos del Ayuntamiento revisaron el borrador de la ordenanza y "en ningún momento se inculcan derechos constitucionales", en opinión de la regidora.

Alegaciones

A petición del grupo municipal PSM-Iniciativa Verds-Entesa per Mallorca, el equipo de gobierno ha decidido ampliar el plazo de alegaciones hasta el viernes 30 de marzo, ya que finalizaba el próximo viernes. La intención es "conseguir que la ordenanza sea satisfactoria para todo el mundo" y, al mismo tiempo, "aprobarla antes del inicio de la temporada turística".

Cuando hayan recibido todas las alegaciones, los responsables se encargarán de estudiarlas y "se aceptarán todas las necesarias y las que se consideren positivas" para poder llevar la ordenanza definitiva al pleno del próximo mes o el de mayo. "Al inicio de la temporada necesitamos normas claras", argumentó. No obstante, el equipo de gobierno todavía no tiene claro cuál será el horario de cierre de las terrazas de bares y restaurantes, según manifestó sobre la ampliación del horario más allá de la medianoche. Para la citada medida, la Federación de Entidades Ciudadanas pide que se haga un estudio, ya que los horarios deberían depender de la zona en la que estén ubicados los negocios con el objetivo de no molestar a los vecinos.

Constitucionalidad

El artículo más polémico, que hace referencia a las actividades ciudadanas no lucrativas, es el número 86 de la norma ahora aplazada. El punto número 11 afirma textualmente que queda prohibida toda "manifestación o actividad que pueda molestar o herir la sensibilidad de los viandantes". Para el catedrático de Derecho Constitucional Joan Oliver Araujo, se trata de "un concepto jurídico indeterminado que generará un amplísimo margen de discrecionalidad". En el punto 14 se prohíbe jugar en la calle, algo que el experto califica de "falta de sensibilidad", debido a que el texto del borrador, en el punto 12, lo compara "con los juegos fraudulentos".

En cuanto al artículo 65.1, que impide colgar pancartas, afirma que se ve lesionada la libertad de expresión y, en no poca medida, el derecho de propiedad.

Una última ilegalidad para el catedrático es la prohibición a los particulares de pedir firmas o montar mesas informativas, ya puede provocar "absurdos" por contradecirse con diversas leyes superiores y, sobre todo, vulnera el artículo 20.1 de la Constitución al impedir la libertad de expresión a las personas físicas.