Los independentistas insisten en que Jordi Sànchez debe ser autorizado por España a ser investido presidente de la Generalitat porque ha conseguido el amparo de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Torrent, por ejemplo, lo ha dicho en varias entrevistas, está escrito en letra impresa y grabado en audiciones y vídeos. La prensa hasta ahora más solvente de Cataluña pasa de puntillas por el asunto.
Pues bien: tal afirmación es simplemente mentira. La Comisión de Derechos Humanos, que no es una jurisdicción ni puede imponer mandatos vinculantes a los países, ha acusado recibo de su comunicación a Sànchez y ha recordado genéricamente los derechos civiles. No hay más. Por lo que el expresidente de la Asamblea Nacional Cataluña, organización social ultranacionalista que planeó junto con los partidos soberanistas el golpe de estado que pretendió la independencia por las bravas de Cataluña no es más que un presunto infractor que se encuentra en prisión preventiva porque podría reiterar sus delitos. Y es el juez el que debe conceder o no permiso a este imputado para acudir al Parlament. Lo más probable es que no lo conceda. Obviamente.
Pues bien: la mendacidad de quienes afirman que la ONU respalda a Sànchez no tiene contradictores oficiales. El Gobierno está desmovilizado, callado, desconcertado, cuando su obligación sería salir a la palestra a explicar por todos los medios a su alcance (incluidas las redes sociales) que la versión nacionalista de la realidad es mentira. La opinión pública necesita saberlo.
