Los partidarios del proceso soberanista catalán y quienes se oponen a él han logrado por fin poner sobre la mesa un asunto de discusión bien concreto, más allá de las fantasías imaginadas y los actos simbólicos de proclamación. Se trata de aclarar si, durante los numerosos acontecimientos que se han sido sucediendo desde la convocatoria del referéndum del 1º de octubre del año pasado, ha habido actos de violencia o no por parte de quienes optan por la independencia de Cataluña. La decisión dista mucho de ser trivial porque de la presencia o ausencia de tales actos violentos depende el futuro en los tribunales de los acusados de un delito de rebelión que implica penas de cárcel de hasta 30 años. Y uno de los interlocutores más destacados „por su relevancia pública„ en la polémica ha sido el entrenador de fútbol Josep Guardiola, quien ha dicho en palabras textuales que es injusto que a los independentistas (en cuyas filas se incluye) se les compare con ETA o con la Kale Borroka.
Desde luego que sería injusto no ya comparar sino identificar a todos y cada uno de los partidarios de una Cataluña independiente con una banda terrorista que tiene las manos llenas de sangre o con un movimiento organizado de algaradas callejeras. Nadie, que yo sepa, lo hace. Lo que anda en juego ahora mismo es si los numerosos incidentes de algaradas callejeras „hasta 315 acreditados ante el Tribunal Supremo por la Guardia Civil „ pueden considerarse actos violentos al estilo de los que solían llevar a cabo los alevines de la Kale Borroka. Y a juzgar por las imágenes de las carreteras cortadas, los coches agredidos y los artefactos explosivos lanzados, caben pocas dudas acerca de que la comparación es del todo pertinente. Tanto como para que el PSC presentase el 29 de marzo pasado en el Parlamento de Barcelona una propuesta de resolución para condenar los actos vandálicos, propuesta que no salió adelante porque los votos de JxCat, Esquerra y la CUP lo impidieron.
Pero la violencia va mucho más allá de tales algaradas, y de formas tan sutiles como perversas. No hace falta que lo diga un ministro ni, si hace falta, el Papa para entender que violencia es el acoso a las personas, que ha llegado a las serias amenazas contra el juez Pablo Llarena y su familia. Violencia es la presión que se ejerce en la vida profesional e incluso en la cotidiana señalando en Cataluña con el dedo a quienes se oponen al proceso soberanista. Actos violentos son, sin la menor duda, todos los que ponen en peligro la convivencia. Que no haya pistolas ni dinamita por medio supone un atenuante pero no elimina el problema de fondo, que es el del disparate de llevar a la sociedad catalana a la división en dos partes quizá ya irreconciliables. Y puede que el peor de todos los actos violentos sea el de haber arruinado la imagen del pueblo catalán, ganada a lo largo de siglos, como ese mundo al que a uno le gustaría pertenecer.
