A finales de noviembre, el Senado aprobaba la propuesta gubernamental de aplicar a la situación catalana el artículo 155 de la Constitución. La medida suponía la destitución del presidente de la Generalitat y su Gobierno, la restricción de los poderes del Parlamento catalán, la intervención de organismos y servicios de la comunidad autónoma, como los Mossos d´Esquadra, y la convocatoria de elecciones en un plazo de seis meses. Poco después, Rajoy convocaba elecciones autonómicas en Cataluña para el 21 de diciembre, y a partir de esta fecha la política catalana ha discurrido impulsada por los diputados electos, con el único freno de los Tribunales de Justicia, que mantienen dos grandes causas abiertas: una en la Audiencia Nacional y otra en el Tribunal Supremo. Los independentistas ganaron, como es sabido, las elecciones autonómicas, si bien para alcanzar la mayoría absoluta siguen necesitando el concurso de la CUP, que impone sus atrabiliarias condiciones rupturistas.
De hecho, para complacer a la CUP, JxCAT y ERC aprobaban el jueves un artificioso y pintoresco "acuerdo de investidura" que prevé impulsar un "pacte nacional constituent" encaminado a alumbrar una "constitución catalana". Un proceso que culminaría con una "multiconsulta" con "todas las garantías" [otro 9-N]. Además, este proceso constituyente arrancaría en Bruselas, puesto que sería la llamada "Assemblea de Representants per la República" -bajo el liderazgo de Puigdemont- la que marcará el "punto de salida". En síntesis, la construcción de la "república catalana" se llevaría a cabo a través de tres "vías de acción": el Parlament y el Govern desde Catalunya, el "espai lliure de l´exili" y la "ciudadanía catalana empoderada con la autoorganización colectiva y el proceso constituyente".
Con esta disparatada y estrambótica estrategia, tanto JxCAT como ERC pretenden convencer a la CUP de que respalde la investidura de un candidato. De momento, el elegido para la farsa es es Jordi Sánchez, quien está en prisión y seguramente lo seguirá estando, por lo que la intentona será en balde. Y más adelante, designarán a otro distinto -¿Turull?-, que si está imputado será efímero por razones obvias.
Pues bien: si semejante estrategia se mantiene, será evidente que el independentismo catalán no está dispuesto en absoluto a acatar la legalidad vigente, reconstruir las instituciones autonómicas y plantear el futuro en el marco del estado de derecho. Y en este caso, nada improbable, la respuesta política del Estado (si nada cambia) correspondería como hasta ahora al Poder Judicial. El Tribunal Supremo y, en su caso, el Constitucional deberían suspender cuantas resoluciones improcedentes se produjesen y perseguir las infracciones punibles hasta invalidar cuantas iniciativas ilegales tuviesen lugar.
Por esta vía, ya ha quedado claro que el intento torticero de retorcer el Estado de Derecho y de violentar su integridad territorial quedará reprimido. El Estado es fuerte y se impone a quienes se atreven a retarle. Pero quizá fuera más efectivo y más expresivo que la política interviniera en este caso, desarrollando en la medida de lo necesario el propio artículo 155 de la Constitución que hasta el momento se ha aplicado en su mínima expresión.
Cabe, en fin, que si el independentismo persiste en su idea de proclamar la República catalana, mantiene en el extranjero un remedo de "gobierno en el exilio" y se obstina en violentar las reglas del parlamentarismo como ha hecho en el pasado al aprobar leyes ilegales por procedimientos irregulares, el Gobierno, con la autorización del Senado, vaya más allá y suspenda o intervenga la autonomía por un plazo determinado, hasta desmantelar completamente las estructuras sediciosas que se han construido, quién sabe si con recursos públicos malversados.
De este modo, gestionando también el Gobierno y no sólo los jueces en solitario el proceso, se evitaría que fuera más lejos la judicialización del conflicto y, al anticiparse el Estado a nuevas infracciones, no habría lugar a nuevos delitos que requirieran la intervención judicial. Tras el intento de sedición y quién sabe si de rebelión -el Supremo deberá definir las figuras penales procedentes-, lo lógico es tomar las medidas preventivas para que no se reitere la intentona, una vez comprobado que la obstinación de los líderes soberanistas no tiene límites.
