Ayer, quedó constituida la Mesa del Parlamento de Cataluña en los términos previstos por el acuerdo entre PDeCAT y ERC. La Mesa de edad autorizó el voto por delegación de los tres diputados encarcelados, en los términos que sugirió el juez Pablo Llarena, y Moncloa no va a presentar recurso; los cinco diputados huidos a Bruselas no forzaron siquiera la delegación del voto ya que Turull -el exconsejero de Presidencia- reiteró que la intención de los 'exiliados' es regresar "si se dan las condiciones". La presidencia ha recaído en el joven republicano Roger Torrent; la Mesa, compuesta además por dos vicepresidentes y cuatro secretarios, tiene cuatro miembros soberanistas, dos de Ciudadanos y uno del PSC. La primera intervención de Torrent, aunque inconcreta, ha revelado la existencia de otro discurso y de otro tono. Aunque de clara filiación independentista, el joven sucesor de Forcadell ha hablado de pluralismo y de respeto, y no se ha cerrado ninguna puerta. "Quiero contribuir a coser la sociedad catalana", ha sido su propósito más reconfortante y positivo.
Al presidente del Parlament le corresponde ahora proponer candidato a la presidencia de la Generalitat en el plazo de diez días, tras reunirse con los representantes de las formaciones parlamentarias. Y es evidente que la gran incógnita de este camino hacia la normalidad tras la aplicación del artículo 155 pasa por la disposición de los actores a mantenerse dentro del estado de derecho. Rajoy ya explicitó los tres escenarios posibles: el mejor es que el soberanismo presente a un candidato 'limpio', sin causas judiciales en su contra; los otros dos son malos: que se presente la candidatura de Puigdemont o de cualquier otro aspirante con causas judiciales pendientes.
El acuerdo entre ERC y el PDeCat es ambiguo y escueto: Torrent (ERC) había de ser presidente del Parlament y Puigemont (PDeCat) candidato a la presidencia de la Generalitat. Pero no se especifica qué ocurrirá si no se vencen los obstáculos a semejante designio, como sucederá evidentemente. De hecho, el propio Torrent declaraba el pasado día 8, cuando todavía no era pública su designación, que "no corresponde a Esquerra valorar los aspectos técnico-jurídicos, sino a los letrados del Parlament, que han de definir cómo se interpreta el reglamento en aquello que esté sujeto a diferentes interpretaciones". Los letrados del Parlament -el documento está firmado por ocho de ellos- se pronunciaron más tarde, y en el sentido bien explícito de mantener que un debate de investidura precisa de la participación "directa y personal" del candidato, de forma que sin esa presencia no podría cumplir su "función estatutaria y reglamentaria".
El dictamen de los letrados no es vinculante, pero la investidura de Puigdemont parece imposible mientras esté ausente de España ya que desencadenaría el inmediato recurso del Gobierno del Estado ante el Constitucional y representaría una invitación a mantener la excepcionalidad de la intervención a través del artículo 155 CE. Aunque cobra cada vez más cuerpo la posibilidad de que Puigdemont regrese para ser detenido, en cuyo caso la situación sería sumamente embarazosa para las instituciones del Estado. Existe el precedente de José Carlos Yoldi, preso de ETA que fue autorizado en 1987 por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra a salir de prisión para defender su candidatura a la presidencia del Gobierno vasco.
En este escenario, Puigdemont no podría dirigir personalmente el día a día pero sí podría designar a un equipo de gobierno, incluido un conseller en cap, que reportase ante él periódicamente en sus visitas a prisión. Naturalmente, Puigdemont sería automáticamente destituido de la presidencia en cuanto fuera condenado en firme por los graves delitos de que se le acusa, pero pueden pasar varios años hasta que se llegue a esta situación. Ni que decir tiene que por esta vía no sólo no se conseguiría la normalización de Cataluña sino que la comunidad autónoma entraría en un túnel inquietante, cuyo final no se alcanza a atisbar.
