Hay iniciativas públicas que se justifican por sí mismas. Suelen costar recursos públicos, en algunos casos, elevados. No es suficiente para su realización el que se acredite su interés público; también es necesario especificar de forma correcta el costo de las mismas a fin de poder juzgarlas adecuadamente, tanto por los actores políticos como por la opinión pública. El ejecutivo presidido por Francesc Antich, aprobó en 2009 la ley 4/2004 de medidas urgentes para un desarrollo territorial sostenible. Una de las medidas contempladas fue la desclasificación de los 98.196 m2 de Biniorella (de los cuales el 75,96% disponían ya de servicios urbanísticos) que pasaron a ser rústicos: Área Natural de Especial Interés y Área Rural de Interés Paisajístico. Las tres primeras indemnizaciones a sus propietarios, aprobadas por el Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears, han sido de 7,5 , 19,2 y 8,2 millones de euros. La cuarta, aprobada hace pocas semanas, alcanza los 39,8 millones de euros. En total 74,7 millones de euros, en pesetas, 12.429 millones. A nadie se le oculta que de haberse conocido tal importe, que deberemos pagar directamente de nuestros bolsillos y no de los que tomaron tal decisión, quizá no se hubiera tomado tal medida. Y están pendientes de juicio reclamaciones por importe de centenares de millones.
En cambio ha habido otras decisiones públicas que eran absolutamente injustificables. El ejemplo paradigmático fue la decisión de Maria Antònia Munar de convertir la fachada marítima de Endesa, JOSEL y Mapfre, donde se preveía la construcción residencial, en parque público, declarando el edificio de Gesa como Bien de Interés Cultural (BIC). La decisión fue una burda venganza de una política corrupta contra José Luis Núñez por haber este último denunciado ante los tribunales el amaño de Can Domenge que, como se sabe, salía a concurso público por la mitad de su valor de mercado. Sentencias posteriores acreditaron el cobro de sobornos por parte de Miquel Nadal y la propia Munar. Pero lo que a mi juicio es más penoso que el latrocinio de los dirigentes de UM, es el entusiasmo con el que la izquierda nominal, IU, PSM y PSOE, se sumó a la iniciativa de UM; y que se hizo efectiva en el ayuntamiento que gobernaron con Aina Calvo como alcaldesa. La demagogia más tosca tomó posesión del discurso público: parque público sí; viviendas para ricos no. Unos pocos, poquísimos, nos atrevimos a denunciar la demagogia y el sin sentido de crear un parque a continuación de otro inacabado (Parque del Mar) alterando caprichosamente el PGOU. En efecto, fue en 2009 cuando el ayuntamiento de Palma aprobó la Modificación del Plan General de Ordenación Urbana. Y fue en mayo de 2010, en el Consell Insular de Mallorca presidido por Francina Armengol, cuando se aprobó definitivamente la modificación.
Pues bien, el TSJIB, hace pocas semanas, ha hecho también pública la sentencia declarando que ese acuerdo del CIM no es conforme con el ordenamiento jurídico; ha admitido dos de los ocho motivos alegados por los demandantes. En virtud de la modificación, los terrenos de primera línea se reubicaron en dos ámbitos: en la sede de Emaya de Joan Maragall y al este del barrio de Llevant. El TSJIB admite que el estudio económico que incorporó el ayuntamiento de Palma, valorando la operación en 41,1 millones de euros, es "del todo insuficiente". Según el perito judicial el sobrecoste no previsto es de 41,7 millones de euros. El otro motivo es por infracción del principio de equidistribución de beneficios y cargas. El ayuntamiento adujo que los suelos de la fachada marítima valían el doble que los del barrio de Llevant, algo que no se fundamentó. La relación no era del doble, sino del cuádruple. La sentencia también puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo. El coste total para las arcas públicas municipales será pues de 82,8 millones de euros, en pesetas 13.776 millones, más intereses.
No lo más sangrante, pero quizá lo más indignante de este tenebroso y vergonzoso asunto, en el que se mezclan desde rencores personales a intereses partidistas, que acabaron con los dirigentes de UM detenidos e ingresados en la cárcel, con absoluto desprecio al interés público, es el conjunto de mentiras con las que la izquierda pretendió legitimar una operación política que pasará a la historia de la infamia de la ciudad. Y en esta labor se distinguió especialmente el concejal del PSOE, hoy portavoz del PSOE en el Parlament, Andreu Alcover (el mismo que avaló en el consejo de administración las políticas irresponsables que destruyeron Sa Nostra). En efecto, él fue quien dijo que toda esa operación urbanística le saldría gratis a los ciudadanos de Palma. Era una mentira grosera, pues los solares con los que debía el ayuntamiento de Palma compensar a la propiedad estaban valorados por el estudio económico "del todo insuficiente" en 41,1 millones de euros, en pesetas 6.838 millones. Pues bien ahora ya sabemos que, no solamente no era gratis, era una operación onerosísima, sino que su importe final será el doble de lo que el ayuntamiento reconocía y que pagaremos religiosamente los palmesanos; o nos veremos privados de necesarios servicios municipales (ya lo estamos sufriendo). Bueno, pues esos son los señores y señoras que desde el Govern, Consell, ayuntamiento de Palma y el Parlament nos dicen que, al revés que el PP, ellos son los que gestionan bien las instituciones. Y ni una mota de rubor aflora a sus coriáceas mejillas.
