Inesperadamente, el gobierno anunciaba ayer, en vísperas del ultimátum a Puigdemont que hoy concluye, que no aplicaría el artículo 155 de la Constitución si el president opta por convocar elecciones. Las fuentes de Moncloa han puntualizado que daría igual que Puigdemont hablara de "elecciones constituyentes" (las anteriores ya fueron "plebiscitarias" en la jerga nacionalista) porque lo realmente importante sería que la Generalitat regresara al terreno de la LOREG (Ley Orgánica del Régimen Electoral General), esto es, al ordenamiento jurídico en vigor.
Poco después de que circulara tal noticia, se sabía que Pedro Sánchez, desde Bruselas, había explicado que se había reunido con Rajoy un vez más la víspera, y que ambos habían llegado a esta conclusión: una convocatoria de elecciones podría ser el arranque del desenlace de la confusa y endiablada situación catalana, en que, por obvias razones de Estado, conviene no sembrar más cizaña para que se pueda regresar cuanto antes a un clima de normalidad. Porque el artículo 155 plantea un doble problema: el derivado de su aplicación, complicada por la vaguedad del precepto y la inexistencia de jurisprudencia al respecto, y el resultante de la gran dificultad de regresar después a la normalidad.
El futuro está hoy, pues, en manos de Puigdemont, a quien incluso se le daría la oportunidad de vestir semánticamente esta propuesta para hacerla más digerible a sus socios de ERC (la CUP no estará de acuerdo, y esto es irremediable, pero ya se sabe que no se puede contar con los antisistema para reparar el sistema) y a las organizaciones sociales.
Es difícil prever el resultado de unas nuevas elecciones catalanas porque hay elementos psicológicos difíciles de mensurar. En los resultados influirán, además de los alineamientos ideológicos, las condiciones de contorno: la marcha de empresas y la caída de la actividad económica general y turística en particular; la mala acogida de la independencia en el contexto internacional, sin excepciones; la lógica alergia de la ciudadanía pacífica a la inestabilidad crónica que se ha instalado en Cataluña, etc. Los demógrafos auguran en todo caso unos resultados semejantes a los de 2015 en lo tocante al equilibrio soberanistas/no soberanistas, con una clara mayoría de ERC si no se reproduce la alianza Junts pel Sí entre ERC y el PDeCAT, y un neto descenso de la CUP.
En cualquier caso, estas cábalas no afectan a lo más importante: la convocatoria de elecciones representaría claramente una distensión política y permitiría ganar tiempo. De hecho, se abriría un periodo propicio para la reflexión que debería ser aprovechado para abrir los diálogos que, con el enconamiento de las posiciones, han sido imposibles en los últimos meses. La mediación que pretendían los soberanistas era (y es) imposible en tanto el Gobierno de la Generalitat se mantenga en su propia realidad paralela, ajena al marco constitucional, pero podría plantearse si se produce el mencionado retorno. De hecho, cuando con ocasión de la abdicación del rey Juan Carlos se planteó entre bastidores una reforma constitucional que resolviera el problema territorial (y que no llegó a cuajar porque el Gobierno de Rajoy decidió no correr el riesgo), ya se pensó en recurrir a un pequeño grupo de notables de la Academia, el Derecho y la política para que efectuaran una propuesta susceptible de ser adoptada como ponencia por el Parlamento con vistas a la reforma de la carta magna.
Dicha reforma, con su consiguiente referéndum extendido sobre todo el Estado, seguida de una reforma del Estatuto de Cataluña, refrendado por los catalanes en otro referéndum, es la única vía que puede apagar el incendio y reconstruir el edificio estatal que ha saltado por los aires por su flanco catalán.
Habrá que hacer verdadero encaje de bolillos para que salga la maniobra, pero ya es un buen síntoma que las formaciones políticas y los poderes públicos estén demostrando una gran repugnancia a las medidas de fuerza y un deseo que parece sincero de que haya caminos que no humillen a nadie y permitan salir del impasse en pos de una solución. Ojalá cuaje esta aparente buena intención de los contendientes.
