a obscena ambigüedad del nacionalismo capitaneado por Puigdemont ha rizado el rizo de lo inverosímil al suspender la independencia en el mismo párrafo en que la declaraba, tras aludir a unos resultados de un referéndum ilegal que nadie ha proclamado. Esta actuación insólita, una nueva burla a la democracia, a la ciudadanía y sus propios socios, ha sido calificada de "prudente" y elogiada sin tasa por Podemos.
Se trata, evidentemente, de una propuesta de independencia a plazos, por entregas o en diferido, y desde luego "irreversible e irrenunciable" ( Jordi Turull y otros, ayer), con lo que, además de cerrar el bucle de una realidad paralela construida al margen de la legalidad (y por lo tanto ilegítima y delictiva), no tiene otro valor que el de una simple estratagema para ganar tiempo: Puigdemont era consciente de que la declaración frontal de la ruptura recibiría una respuesta aún más contundente del Estado, por lo que ha buscado el alivio en esta especie de elusión? que no sólo era inútil políticamente sino recibía también casi en el acto la respuesta potente del Grupo Planeta, que decidía su traslado a Madrid a poco de que se conociese la pirueta.
Llegados a este punto, que es la culminación de un proyecto fallido de ruptura, el Gobierno ha decidido actuar. Podrá tener quizá algún sentido académico debatir ahora si debió haberlo hecho antes (algunos pensamos que vamos con retraso) pero la oportunidad de hacerlo ahora es indubitable, como creen también las demás fuerzas constitucionalistas. Y, como primera medida, el consejo de ministros lanzó ayer el oportuno requerimiento a Puigdemont para que regrese a la vía de la legalidad, que es de lo que se trata. Tal solicitud, consensuada con el PSOE y con Ciudadanos, no presupone automáticamente nada, pero el artículo 155 de la Constitución establece que el Gobierno, "previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma" que no cumpliere con sus obligaciones o actuare de forma que atente gravemente al interés general, podrá, "en caso de no ser atendido" y "con la aprobación de la mayoría absoluta del Senado, tomar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general".
Naturalmente, los pasos sucesivos dependerán de la respuesta que la Generalitat dé a tal requerimiento, pero convendría advertir por adelantado al gobierno de la Generalitat y a la presidencia de la Cámara catalana que no será aceptable otra propuesta que no sea la restauración de la legalidad vulnerada, que incluye lógicamente el archivo definitivo de las leyes ilegales y anuladas por el Tribunal Constitucional que nos han traído a esta escenificación desafortunada. Asimismo, parece necesario que, en tanto se resuelven las investigaciones en marcha en torno a la actuación de los Mossos d'Esquadra, el cuerpo policial sea situado al mando de la autoridad estatal. Y, desde luego, la superación de la actual coyuntura requiere una renovación electoral del legislativo autonómico, que deberá realizarse prescindiendo de quienes hayan sido o vayan a ser inhabilitados judicialmente por sus comportamientos inaceptables durante la crisis, que den lugar a responsabilidades penales.
La política absurda de borrón y cuenta nueva que propone Podemos, que debería dar paso a una negociación generosa y abierta o incluso a una mediación (descartada ayer rotundamente por Rajoy en su intervención vespertina), es totalmente inaceptable porque un golpe de estado -y la expresión es correcta- no puede archivarse a beneficio de inventario. La sociedad catalana, que ha sufrido dramáticamente la osadía del ultranacionalismo, no puede vivir perpetuamente en la zozobra de una negación intermitente del estado de derecho. Y la reforma constitucional del Estado de las autonomías, pactada ya por Rajoy y Sánchez, que debe abordarse multilateralmente con serenidad, ha de poder acometerse sin la presión de unos iluminados que han perdido el oremus democrático, que confunden un referéndum con una algarada asamblearia y una democracia con un patio de vecindad.
