Entre las imágenes que la democracia española no tenía previstas, figura la estampa de un fiscal general reprobado del Estado amenazando públicamente con la detención a un alto cargo estatal, el presidente de la Generalitat. Con maneras más propias de un mastín que de un funcionario, Maza vocea en la radio contra toda discreción jurídica que ha olfateado “malversación”, y que ahí tendría un gancho para esposar a Puigdemont. Puede que esa sospecha malversadora justifique el calabozo, pero un tal Iñaki Urdangarin está condenado a siete años de cárcel por una sarta de delitos que incluyen haber malversado —o sea, haber sustraído caudales públicos—, y vive en una lujosa residencia ginebrina de 600 metros cuadrados. Ni siquiera se tomó la cautela de retirarle el pasaporte.
¿En qué se parecen Iñaki Urdangarin y Rodrigo Rato? En que permanecen en libertad tras sendas condenas de años de cárcel por apropiarse del dinero ajeno. En que estos delitos no afectaron a su disponibilidad de escoltas y coches oficiales, sin que a nadie se le ocurra hablar de malversación por tal dispendio. En que cualquiera de los cargos de la Generalitat sedicente detenidos han pasado más tiempo de cautiverio que la suma del vicepresidente de Aznar con Rajoy y el cuñado del Rey. O en que nunca han sido esposados, a diferencia de los políticos catalanes que declararon ante el juez con las esposas, y que firmaron con ellas su salida en libertad.
Puede encontrar más semejanzas. Era una vergüenza que se juzgara a la Infanta Cristina por una denuncia de Manos Limpias, pero es ajustada la detención de doce altos cargos públicos por una querella del partido ultraconservador Vox, con 196 votos en toda Cataluña en las últimas generales. Y ninguno de los eminentes juristas que abominaba de la acusación popular que permitió la imputación de la hermana del Rey, ha denunciado que este procedimiento sirva ahora para actuar penalmente contra cargos de designación popular y no genética. Que tiemble Puigdemont, mientras Rato y Urdangarin siguen tan tranquilos.
