El alquiler turístico ilegal se promociona como las otras drogas, exagerando sus pretendidos beneficios y escamoteando sus numerosos efectos secundarios. Ya sucedió con la venta masiva de propiedades mallorquinas a alemanes, antes de que las consultas psiquiátricas se nutrieran de los fenómenos que habían permutado la tierra de sus padres por un todoterreno. La legalización de los arrendamientos vacacionales no pretende evitar problemas con las autoridades, porque se van a alquilar las mismas viviendas con o sin permiso. Se busca la honorabilidad de la droga, una bendición concedida además por un Govern progresista. Es una aspiración disparatada. Incluso quienes estamos a favor de la despenalización indiscriminada de sustancias, no confundimos la libertad de consumir cocaína con sus virtudes. Ni la heroína callejera con la morfina hospitalaria, en la mejor parábola de la actividad que hoy abordamos.
En las fiestas de verano te preguntan a bocajarro si alquilas o trabajas. Veinte años atrás, se hubiera expulsado de los círculos selectos a un terrateniente que se rebajara a alquilar sus aristocráticas propiedades por días. Hoy se margina a quien prefiere vivir en su casa, antes que compartirla con un tropel de suecos que igual le birlan la estatuilla de Lladró. Ocurrió lo mismo con las hipotecas. Se escupía directamente a quien no compraba un piso a crédito, antes de que la estampida demostrara que los hipotecados habían firmado un contrato de esclavitud.
Se puede aceptar la estupefacción ante la ley de alquiler turístico aprobada por el Parlament, en cuanto que la cámara legaliza estupefacientes. Pese al asombro fingido, la ley se entiende perfectamente. Se asiste a una aceptación vergonzante, pero también pautada, escalonada y diferencial de la droga del alquiler, un lobo ultracapitalista con piel de cordero colaborativo. Més le hace el trabajo sucio al PSOE, que se diría que solo gobierna en la inauguración de plazoletas y servicios sociales. La izquierda suelta las riendas a la adicción.
