Al descubrirse los grandes casos de corrupción que han afectado sobre todo al Partido Popular de los últimos años, tanto en sus actividades conectadas con el gobierno central cuanto en las referidas a determinadas corporaciones locales y comunidades autónomas, pareció que, pese a todo, algunas personalidades relevantes se salvaban de la colosal deriva. Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz Gallardón quedaban aparentemente al margen de la degeneración que les rodeó.
Aguirre, pese a no advertir que estuvo materialmente rodeada de desaprensivos en los que depositó su confianza, no muestra indicio alguno de contaminación. Pero la UCO y la Fiscalía Anticorrupción han comenzado a investigar a Ruiz Gallardón, a raíz de conversaciones interceptadas en relación a la operación Lezo. Gallardón presidía entonces el Consejo de Gobierno que autorizó la adquisición de la sociedad colombiana Inassa en 2001 (primer paso de la expansión en Latinoamérica del Canal de Isabel II) y el método empleado para la misma, la creación previa de una sociedad en Panamá. Aquellas compras, que han llevado ya a prisión a Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, causaron un grave quebranto a las arcas públicas y enriquecieron a sus autores. Hoy, rige la presunción de inocencia para todos los implicados en la operación Lezo, pero es exigible celeridad en los investigadores para que la opinión pública conozca exactamente dónde comienza el escándalo y hasta qué punto los antiguos gobernantes deben pagar por él.
