Han transcurrido casi seis meses desde la investidura de Rajoy (fue el 29 de octubre pasado, en segunda votación) y el balance legislativo es paupérrimo. Es bien cierto que no existe sensación de inestabilidad política, y que ello seguramente facilita el desarrollo económico y social espontáneo que es consecuencia sin duda de las medidas expansivas tomadas por los bancos centrales, pero la parálisis legislativa terminará pasando factura, al margen de que, cuando se normalice del todo el actual equilibrio -cuando el PSOE salga de su ensimismamiento introspectivo y elija secretario general-, haya que resolver la incertidumbre de fondo que preside la legislatura. Una legislatura en que PP y C's, vinculados por un pacto de investidura, reúnen sólo 169 diputados (a siete de la mayoría absoluta), y en que las formaciones nacionalistas catalanas están por ahora al margen del juego estatal.
Cierto es que, desde el arranque de la legislatura, el parlamento ha sacado adelante una única ley (la trasposición de una directiva comunitaria sobre restitución del patrimonio cultural exportado ilegalmente). En este tiempo, el Gobierno ha registrado cinco proyectos de ley en el Congreso, el de los presupuestos, uno sobre precursores de explosivos y otros tres que trasponen normativa comunitaria. El Gobierno ha sido más activo con los decretos leyes: ha sacado adelante una docena, todos ellos de trámite y encaminados a mantener en funcionamiento las instituciones, y sólo ha embarrancado el de la estiba, el único controvertible.
Con todo, lo relevante de los meses que llevamos de legislatura es que la oposición se está disponiendo a sacar rédito de la situación minoritaria del Gobierno -las minorías han presentado ya 73 proposiciones de ley-, y hay ya planteadas propuestas encaminadas a revisar las principales leyes populares de la legislatura anterior: la reforma laboral (y la de estabilidad presupuestaria), la ley mordaza y la LOMCE. De momento, sin embargo, lo que ha quedado claro es que tales reformas no son sencillas porque la oposición es heterogénea y no va a ser fácil que consiga acuerdos unánimes. En materia de educación, que es la que más interés ha suscitado por la necesidad -admitida incluso por el PP- de generar el primer consenso educativo de la democracia, ya se ha visto que es mucho más fácil detectar los defectos de la norma vigente que elaborar otra que satisfaga a todas las sensibilidades. El Gobierno, por su parte, es lógicamente reacio a cualquier cambio, sobre todo en las normas económicas que a su juicio están en el origen de la recuperación actual: Rajoy volvía a decirlo ante los empresarios el pasado jueves, sin ver que no dispone de diputados suficientes para sostener una actitud tan rotunda.
Para defenderse de la acción parlamentaria de las minorías, el Gobierno esgrime con énfasis el artículo 134.6 de la Constitución, que dispone taxativamente que "toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación". Con todo, la posibilidad de que el parlamento acepte tales vetos es nula y a buen seguro el Tribunal Constitucional tendrá que intervenir antes o después. Pero el problema no es jurídico sino político, y habrá que ver si tiene solución.
Es claro que la acumulación de casos de corrupción -algunos de nueva planta y otros antiguos, que reviven y toman encarnadura a su paso por los tribunales- dificulta la cooperación parlamentaria entre gobierno y oposición. Y también lo es que el PSOE se convertirá en el elemento central de la estabilidad en cuanto celebre sus primarias porque del centro-izquierda dependerá en gran medida que el PP pueda rentabilizar o no el cuatrienio para normalizar la vida pública y moderar con criterios pacíficos las grandes normas radicales que hoy oscilan con el color de la legislatura.
