El azar ha hecho coincidir en el tiempo una serie de vistas judiciales sobre potentes casos antiguos corrupción -el caso Pretoria, el caso Palau, la primera parte del caso Gürtel- con nuevas y escandalosas pesquisas que han sembrado por enésima vez lógica alarma social. Todos los casos que ahora se dirimen en los banquillos hunden sus raíces en los años noventa, por lo que el retraso en la depuración de los escándalos no puede encontrar otras justificaciones que la lenidad o la incompetencia.
En las dos grandes conurbaciones españolas, Madrid y Barcelona, la corrupción ha hecho estragos a los más altos niveles de poder y responsabilidad. En el caso Pretoria catalán, Lluis Prenafeta, principal inculpado junto al exconsejero de Economía Maciá Alavedra en el proceso, fue secretario general de la presidencia de la Generalitat desde la propia victoria de Pujol en las elecciones de 1980 y hasta su dimisión en 1990, para dedicarse luego a "conseguidor", llegando a fundar incluso un periódico. Ahora, apremiado por el riesgo de ir a prisión, ha reconocido haber cobrado innumerables comisiones y defraudado cerca de 15 millones de euros? Aquella red operó sobre todo en los ayuntamientos barceloneses de Santa Coloma de Gramenet, Sant Andreu de Llavaneres y Badalona? Y fue el paradigma del tres-per-cent de CiU que denunció Maragall en febrero de 2005 desde la tribuna del Parlament, y que levantó las indignadas iras de Artur Mas, herido en lo más hondo por aquella calumnia sin fundamento alguno?
En Madrid, el problema de la corrupción, que parecía saturado por los casos Gürtel y Púnica, acaba de alcanzar el cénit. El miércoles, era detenido Ignacio González, antiguo alto cargo con Aznar, secretario general del PP madrileño entre 2011 y 2016, vicepresidente de la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre entre 2003 y 2012 y presidente él mismo de la Comunidad de Madrid entre 2012 y 2015. Este ciudadano, que ya estaba siendo investigado por un lujoso ático en Marbella cargado de incógnitas, es ahora acusado de haber saqueado el Canal de Isabel II, una empresa pública de la que fue también presidente. Se da además el caso de que otra "mano derecha" de Esperanza Aguirre, Francisco Granados, consejero de confianza de Aguirre desde 2003 hasta su caída en desgracia en 2011, está en prisión desde octubre de 2014 por su participación en el caso Púnica, un gigantesco episodio de blanqueo, cohecho y tráfico de influencias. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, no se enteró aparentemente de nada de lo que sucedía a su alrededor.
El caso González, que ha permitido detectar otras presuntas corruptelas en la también empresa pública Mercasa, contiene aditamentos inquietantes: el fiscal anticorrupción, recién nombrado tras el cambio inexplicado de fiscal general del Estado, se negaba a detener a González, y tuvo que ser el consejo de fiscales el que tomara la decisión aplicando el reglamento y desautorizando así a su superior? Asimismo, ha saltado a la luz una extraña conexión mediática, denunciada por la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cifuentes, en forma de aparente chantaje para que no fuera denunciada la corrupción del expresidente González y sus secuaces.
Se destapan casos nuevos, que generan nuevas sospechas -como si estuviéramos en un cesto de cerezas-, cuando apenas comienzan a juzgarse casos antiguos, con más de una década de antigüedad? Diríase que el equipo institucional de este país, el que debe controlar y depurar el Estado de derecho, está fallando. No puede ser que un caso de corrupción no se resuelva en un plazo razonable, de un año o dos como máximo. Tampoco es razonable que a la vista de lo ocurrido no se hayan adoptado cautelas más estrictas. El país es un patio de Monipodio en que muchos ladrones campan por sus respetos mientras a los ciudadanos se nos exige acendrada conciencia fiscal. Así se no se puede continuar.
