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Mejor que nadie lo sepa

Dice Iceta que el Gobierno y la Generalitat mantienen contactos "discretos y al máximo nivel" y que cree que Rajoy y Puigdemont ya se han visto lejos de las cámaras, algo que ayer confirmó La Vanguardia. No sería tan extraño: ocurrió lo mismo cuando Mas era president. Mas, que es quien ha reclamado al Ejecutivo que haga una propuesta para desatascar la situación; el mismo Mas que tiempo ha logró que Zapatero aceptara el término "nación" en el Estatut que luego el PP impugnó ante el Constitucional. El líder del PSC habla un día después de que Albiol le tapara la boca al delegado del Gobierno, su correligionario Enric Millo, que fue quien desveló la cosa y se atrevió a decir que en esas conversaciones no estaría descartándose ni siquiera la posibilidad de introducir cambios en la Constitución.

Y a todo esto va Rajoy y dice que no, que no hay tales contactos, pero que si los hubiera él no diría nada, porque entonces ya no serían secretos. Ergo? debe de haberlos, y se entiende que por ahora haya que mantenerlos ocultos. Y negarlos por ambas partes. Concurren varias razones. Primera: que lo más probable es que toda la operación fracase, dado que la Generalitat no renuncia a su exigencia de celebrar el referéndum.

Y segunda: que si va a hacerlo debe pensarse antes muy mucho qué le va a decir al ilusionado electorado independentista y a sus compañeros de viaje; no tanto a la CUP, porque antes o después habrá elecciones anticipadas, como a ERC, que, ahora sí, está en el Govern. Eso, por parte catalana; por parte de Moncloa, otro tanto. Pues aunque Rajoy insiste en que él sólo accedería a hablar de los "problemas reales" de los catalanes (entiéndase, de servicios e inversiones), no ignora que la cuestión dineraria, otrora decisiva en los tratos con la Generalitat, ya no basta; de ahí que Millo osara hablar de modificaciones constitucionales y usara el verbo "introducir", no "reformar", en alusión, quizá, a una nueva disposición adicional para reconocer a Cataluña como "nación".

Sin ese marchamo de soberanía, la negociación no pasaría ni de la primera fase. Ahora bien, ¿aceptaría el PSOE, sin cuyos votos el cambio en la Carta Magna no prosperaría en el Congreso? ¿Y Ciudadanos, que por ahora no está en contra de los contactos? ¿Y los propios barones autonómicos del PP? Porque sería como asumir que fue un error recurrir el Estatut de Mas-Zapatero. Son las preguntas que caben. Y, de momento, mejor que nadie sepa que el Gobierno se las está haciendo. Ni siquiera retóricamente, que ya duele.

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