Se trata de un país proclive al cataclismo económico pese a sus reservas petrolíferas y que, en los últimos tiempos, se ha convertido en paradigma para cualquier discurso: desde quienes lo utilizan como ejemplo de las dificultades que entraña un modelo alternativo al capitalismo de la globalización, a otros para los que encarna las peores consecuencias del populismo.
Sea como fuere, Venezuela alberga hoy una sociedad escindida, hundida en la penuria y enfrentada a un impredecible futuro. Es la nación con más suspensiones de pagos (diez desde su fundación), con una de las mayores tasas mundiales de inflación, servicios sociales bajo mínimos y su índice de delincuencia convierte el paseo por la capital en aventura de alto riesgo. Tomar un taxi en el aeropuerto expone al atraco durante el trayecto y, cuando estuve allí hace pocos años, desobedecer al recepcionista del hotel y pasear más allá de unos grandes almacenes aledaños, supuso presenciar dos robos callejeros en el curso de tres horas.
Desde entonces y por lo sabido, el asunto ha ido a peor. El régimen de Nicolás Maduro se viene caracterizando por una banalización del desastre nacional que roza la abyección. Porque es lo que supone culpar al vecino de una deriva que es, en buena medida, resultado de su obcecación por mantenerse en el poder, echando en saco roto principios democráticos, constataciones palmarias y la propia dignidad de esa ideología que dice representar. La oposición al chavismo, que ganó las elecciones por una abrumadora mayoría de dos tercios y controla en consecuencia la Asamblea Nacional, anda empeñada en revocar un mandato que anticipe la salida de Maduro, prevista para 2019. El que denominan allí revocatorio se contempla en la Constitución y, sin embargo, Maduro se viene oponiendo al impeachment una y otra vez sin más argumentos que los que le procuran el retorcer los hechos hasta volverlos del revés. Así, y haciendo virtud del odio a todo aquel que le critique, convierte en conjura cualquier desacuerdo: acusa a la OEA de apoyar a sus enemigos, al secretario general de agente secreto al servicio de la CIA y, por lo que respecta a España, anunció el pasado junio que acudiría a los tribunales por "una campaña de guerra psicológica".
En semejante marco, no es de extrañar el comportamiento que el régimen degradado a lamentables extremos tras el advenimiento de Maduro mantiene con relación a los discrepantes internos; un despotismo (sin ilustrar) que lo homologa a ciertas dictaduras conocidas en el pasado. Entre otras lindezas, ha prohibido la salida del país a ocho líderes de la oposición tras acusarlos de haber manipulado fraudulentamente la recogida de firmas para pedir su cese, y es que la derrota electoral sufrida se interpreta como consecuencia del engaño a una mayoría de ciudadanos, convertidos de ese modo en instrumento de repugnantes intereses. Pero las paradojas no terminan ahí, y la última de la que he tenido noticia muestra a las claras el talante del mandatario y sus seguidores, algunos de ellos corrompidos en el mejor estilo de por acá.
Como muchos de ustedes recordarán, las revueltas callejeras contra el chavismo en 2014 se saldaron, según datos publicados, con 43 muertos y casi 900 heridos. No ha cesado desde entonces la violenta represión policial contra los manifestantes y basta con retrotraerse a las imágenes del pasado mayo, tras el estado de excepción decretado por Maduro. El dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López una de las organizaciones que promovieron la contestación social, se halla por tal motivo y desde hace más de dos años en prisión, condenado a trece años y nueve meses como cabeza visible de una asociación creada, según los testaferros de Maduro, para delinquir. La acusación se las trae pero el asunto no termina ahí, mostrando fehacientemente la subordinación de las evidencias a los dictados de Maduro. Hace pocas semanas el señor Diosdado Cabello, afín al régimen y expresidente de la Asamblea Nacional, ahora dominada por la oposición, anunciaba que López podría enfrentarse a un nuevo proceso como instigador del homicidio de esos 43 fallecidos; la mayoría, como sabemos, a resultas de la acción represiva ejercida por los cuerpos de seguridad del Estado bolivariano.
Me permito suponer, de acuerdo con ello, que la culpa de un disparo mortal no es del tirador y sus mandos, sino que ha de cargarse en el debe de quienes inspiran la contestación popular. En dicha línea, ¡ay de quien disienta y con sus argumentos incite a salir a la calle! Por extensión, es obvio que la ley mordaza aquí promulgada no tenía carácter represivo y se trataba de una medida preventiva para evitar males mayores; una ley en defensa de la supervivencia que amenazan quienes inspiran la indignación y, con esa lectura que el caso López subraya, convendrá que tomen buena nota quienes abogan por su anulación. En cuanto a Venezuela, no cabe decir que allí la justicia vale menos que el papel higiénico. Entre otras cosas, porque no lo hay en las tiendas.
