La actual mayoría política catalana, entretenida en recorrer la hoja de ruta soberanista en el parlamento autonómico, encuentra sin embargo tiempo para otros menesteres y acaba de iniciar el trámite para aprobar una ley de reparación jurídica de las víctimas del franquismo que tratará de anular las condenas por delitos políticos dictadas por los consejos de guerra de la dictadura. Dicha reparación, que "devolvería la dignidad" a los represaliados, afectaría a 78.331 procesados y 3.358 ejecutados durante los años del franquismo en Cataluña.
Es probable que la iniciativa no prospere por evidentes cuestiones de jurisdicción y competencia, pero la iniciativa suscita una pregunta esencial: la de si no nos quedamos cortos durante la Transición y después, cuando construimos una democracia pasando de puntillas por las situaciones de injusticia creadas por el régimen anterior.
La ley de memoria histórica de Zapatero enmendó en parte la carencia pero fueron tantas las resistencias que la propuesta quedó a medio camino. Ahora, el independentismo catalán nos lo recuerda, y de paso nos deja la inquietud de no haber sabido construir un Estado suficientemente acogedor.
