La población de Mallorca ha ido creciendo de forma inequívoca durante los últimos años, al mismo tiempo que también ha aumentado la esperanza de vida del conjunto de los residentes. Una de las consecuencias más obvias de la conjunción de ambos factores se plasma en un mayor número de ancianos y personas de menor edad que, por el motivo que sea, necesitan asistencia permanente.
Es una realidad social de interpretación y visión elemental que cada familia, cuando topa con el problema, resuelve como puede y en la medida de sus posibilidades. Pero también es un asunto que la Administración, como tantos otros, no tenía previsto, por lo menos de forma suficiente.
Todo el mundo sabe que lograr plaza en una residencia de ancianos o personas asistidas es, antes que cualquier otra cosa, un continuo ejercicio de ingenio y paciencia. Se necesita agudizar el ingenio porque hay que sortear la demora de ingreso con todas las habilidades posibles y paciencia porque las listas de espera son abultadas. Y siguen creciendo, pese a lo que indican algunas fuentes oficiales.
Es posible que se hayan reducido un tanto en el conjunto de Balears, pero en Mallorca el problema ha incrementado su gravedad de forma significativa. Hoy en la lista de espera se contabilizan 1.016 demandantes. Tampoco es que haya un exceso de dependientes con respecto a la situación inmediatamente anterior. Ocurre que se ha intensificado el trabajo de valoración y con ello se dispone de un diagnóstico más ajustado de la realidad.
El Govern ha decidido reaccionar del mismo modo que lo ha hecho con la renta social básica. La asistencia a dependientes es una de sus prioridades proclamadas de forma manifiesta. Resulta una contradicción que, frente a tal principio, crezcan las listas de espera.
Sin duda esta es la causa por la cual el Ejecutivo, que tienen serias dificultades de financiación y no se caracteriza por su inversión en infraestructuras, anuncia ahora la construcción de por lo menos dos nuevas residencias en Palma para 2017. Tendrán 120 plazas cada una y se espera que para 2018 se pueda abordar la construcción de otra.
La situación se ha vuelto tan desesperada que a la consellera de Bienestar Social no le queda más remedio que aparcar algunas de sus convicciones y buscar amparo en medios privados. El Govern contratará de forma inmediata 180 plazas en residencias privadas para afrontar los casos más urgentes que no pueden ser atendidos en centros de titularidad pública. La presión de la demanda no tiene visos de disminuir en los próximos años. La pirámide de población tampoco perderá su inclinación hacia la ancianidad y la dependencia. Sera necesario, por tanto, adoptar las medidas para que la Administración no permanezca desprevenida.
