Todos a una: quien es algo en el PP alaba estos días al "estadista" Felipe González, la "talla de gobernante" de Alfonso Guerra y el "sentido común", a la par que el "patriotismo", del presidente de Extremadura, Fernández Vara, anteponiendo tan excelsas biografías a la "insensatez" de Pedro Sánchez, al que achacan la entera culpa del "insoportable" y "pernicioso" bloqueo político que se ha instalado en España. Parece que los connotados líderes de la derecha española no dan con argumentos de mayor peso que los de las declaraciones de los jubilados dirigentes socialistas y algún que otro barón irredento, que habla por boca de ganso, la de la andaluza Susana Díaz, para exigirle al secretario general del PSOE que regale a Mariano Rajoy la investidura.
Volver la vista atrás sin ira para recordar lo que en el PP dijeron de González y Guerra, desde el desgarrador "váyase señor González" de Aznar a la patibularia invectiva de Rajoy a Zapatero: "Está traicionando la memoria de las víctimas de ETA", no parece necesario y, si se quiere, ni tan siquiera oportuno, como tampoco hay que perder el tiempo en rememorar la letanía de descalificaciones que desde 2011 han caído sobre el PSOE a cuenta de la "herencia recibida", la que ha sido utilizada por Rajoy para no cumplir ninguna de las promesas que hizo en 2011. El presidente del Gobierno en funciones trituró a conciencia su programa electoral al hacer lo contrario, exactamente lo contrario, de lo anunciado enfáticamente a los españoles que llevaría a cabo.
En la situación de interregno en la que nos hallamos el PP concede categoría de argumento inapelable los llamamientos de Felipe González (cómo ha enfangado una sobresaliente biografía política ese hombre, ahora metido a lobbysta) a que los socialistas posibiliten la investidura de Rajoy. ¿Por qué el PSOE ha de hacerlo? ¿Cuál es la razón fundamental por la que la mayor responsabilidad del bloqueo debe recaer en él? La razonable lógica política, la que está ausente en los medios de Madrid, conduce a colegir que el monumental atasco en el que nos hemos adentrado tiene, por encima de cualquier otro, un último responsable: Mariano Rajoy; a él compete obtener las imprescindibles asistencias para lograr su investidura; de no obtenerlas, que por ahora es el caso, debe asumir que queda incapacitado; por lo tanto ha de dejar paso franco a otro candidato con posibilidades constatables de obtener la mayoría en el Congreso.
¿Por qué no lo hace? De entrada, debido a que estamos ante quien, fuera de la presidencia del Gobierno, atemoriza considerablemente lo que el futuro le pueda deparar. Rajoy no quiere dejar ni una rendija abierta a la posibilidad, por improbable que sea, de acabar teniendo que declarar en un juzgado. El PP está inmerso en un sinfín de causas penales y Rajoy lleva más de una década siendo el presidente del partido. Quién sabe si con la efervescente situación política española la condición de expresidente no es suficiente para blindarle de experiencias poco gratas. Rajoy no es un estadista; insistir en ello es innecesario: es lo que en la corrosiva nomenclatura de los partidos comunistas, tomada de la desaparecida Unión Soviética, la que empieza a recrear Vladimir Putin ante una inane Unión Europea, se denominaba apparatchik, un funcionario del partido, del aparato más impermeable. Gracias a la pulsión conservadora de siempre y a la ley electoral, que prima las provincias de las dos Castillas, las más despobladas, en detrimento de las grandes ciudades, y a los constantes despropósitos de las izquierdas (PSOE y Podemos), Rajoy ha salido vivo de las dos contiendas electorales; vivo, pero en una situación de tanta precariedad que no sabe muy bien cómo seguir adelante con un Congreso de los Diputados en su inmensa mayoría le es adverso. Ahí radica la cuestión: es en la cámara donde se dilucida el desenlace. Es lo que tiene la democracia parlamentaria.
Hasta el momento Pedro Sánchez resiste el chantaje, externo e interno, al que se le somete para que acepte hacer presidente a Rajoy. Ha de poner a su disposición los 85 diputados socialistas, puesto que España lo necesita, lo exige el supremo interés de la nación. ¿No necesita España, no requieren los supremos intereses nacionales, siempre intangibles, demasiadas veces acompañados de los particulares de quienes proclaman su vigencia, que sea Mariano Rajoy quien haga el sacrificado servicio de apartarse, dejando que se oxigene el ambiente? Si se mantiene en sus trece, si aduce que ha ganado las elecciones (recordémoslo: quien llega primero no gobierna, sino quien obtiene la mayoría parlamentaria), tal vez ir a unas terceras elecciones no sea una opción tan descabella, ni por ello España se convertirá en el hazmerreir del mundo. Sí lo fue, y una gran apestada, durante las décadas de la ridícula y cruel dictadura franquista, en la que no se votaba libremente. Si el peculiar descoyuntamiento del sistema político e institucional español nos lleva a tener que vérnoslas con tres elecciones en un año, veámoslas, pero no entremos en el absurdo de hacer recaer en el partido socialista el bloqueo, la imposibilidad de investir a Rajoy. La aritmética parlamentaria es la que es. El candidato del PP ha de someterse a ella.
Por último, pero no por ello menos trascendente: la actuación de la presidenta del Congreso de los Diputados, la señora Ana Pastor, roza la flagrante vulneración de las normas constitucionales por su negativa a anunciar la fecha en la que el candidato ha de someterse a la investidura. Rajoy y Pastor, ellos sí, son los protagonistas de un bloqueo institucional que pone en entredicho la vigencia de las normas constitucionales. Sumemos lo dicho por la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, al sostener que la coherencia personal está por encima de la política y, nada menos, que de la jurídica, a fin de avalar la actuación de Rajoy y Pastor. Es, además de una estulticia, una invitación explícita para que los independentistas catalanes puedan sostener que su coherencia personal les obliga a proseguir el "proceso", desobedeciendo los autos del Tribunal Constitucional cuando colisionan con lo que la mayoría soberanista del Parlamento de Cataluña ha decidido.
Casi mejor no descartar ir a las terceras elecciones.
