La Generalitat, a través de sus portavoces, ha criticado con dureza la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de invitar a la fiscalía a solicitar la apertura de juicio oral contra el expresidente Mas, la exvicepresidenta Ortega y la exconsejera Rigau por presuntos delitos de desobediencia y prevaricación al haber impulsado la consulta del 9N contra la voluntad explícita del Tribunal Constitucional. Y lo ha hecho trayendo a colación el escándalo protagonizado por el ministro Fernández Díaz en sus conversaciones con el jefe de la oficina Antifraude, que ciertamente ha sacado a luz los humores putrefactos de las cloacas del Estado.
Tal argumentación, que ofende como es natural a los dignos e independientes magistrados que forman el TSJC, es además falaz y trapacera. Porque una cosa es condenar estas connivencias espurias entre el poder ejecutivo y una institución que debería trabajar contra la corrupción, y otra muy distinta actuar con la ley en la mano contra unos gobernantes que se exceden en sus atribuciones, que vulneran el estado de derecho o que desoyen el mandato imperativo de un tribunal.
El soberanismo tiene escasa credibilidad en este país porque no es riguroso. Ni con la ley ni con la verdad. Y si no cambia, su propia clientela, ya muy mermada, terminará abandonándolo definitivamente.
