La conversación entre el jefe de la Oficina Antifraude nombrado por mayoría cualificada del Parlamento de Cataluña, con el apoyo del PP y el ministro del Interior, de la que se desprende la afanosa búsqueda de irregularidades en la vida de familiares de los independentistas para utilizarlos políticamente, pone de manifiesto la hedionda manipulación de las estructuras de Estado en beneficio del poder.
Es sencillamente indignante lo ocurrido, pero lo es todavía más que el jefe de filas del ministro del Interior haya ignorado lo ocurrido y que el responsable de la seguridad del Estado, en lugar de presentar precipitadamente la dimisión, se haya interesado tan solo por el origen de la filtración y la autoría de la grabación. Es, realmente, curioso y hasta chusco que el despacho del responsable de Interior no sea un lugar seguro, pero lo importante del caso es el fondo del asunto y no el anecdotario circundante.
Hace pocos días, el PP se abalanzó en tromba contra Monedero, y con toda la razón, porque había dicho en un mitin que en Podemos hay jueces y policías que esperan una orden del nuevo gobierno para abalanzarse contra los corruptos? Lo de ahora es mucho más grave: el propio gobierno utiliza descaradamente recursos policiales para imponerse a sus adversarios.
