Casi medio año de juicio intermitente y en algunos días farragoso, apenas ha alterado los puntos de vista y las posiciones procesales de las representaciones legales y las partes en el vasto caso Nóos. A falta de los escritos finales de las defensas, Manos Limpias sigue siendo el único flagelo de Cristina de Borbón, Anticorrupción aplica los beneficios de los pactos alcanzados y sostiene el principal peso de la carga de la acusación pública sobre Iñaki Urdangarin y Diego Torres.
Digamos que se cumple el pronóstico con escasas variantes. Quizás lo más llamativo de los cambios introducidos sea la petición de disminución de pena, de 8 a 5 años, para Jaume Matas y el trato desigual que dispensa Manos Limpias a algunos acusados, especialmente por lo que respecta a Juan Carlos Alía. Ha habido cierto desconcierto y estupor en medios procesales al oír las conclusiones mantenidas por Virginia Gómez Negrete, la letrada de Manos Limpias.
El mayor volumen de la acusación del ministerio público sigue manteniéndose sobre las espaldas de los exsocios Iñaki Urdangarin y Diego Torres, para quienes se pide 19,5 y 16,5 años de cárcel respectivamente. Por varios motivos, porque no han admitido culpa alguna, tampoco han devuelto dinero, defienden la legalidad de unas actuaciones documentadas como fraudulentas y aún se aferran a la supervisión de la Casa del Rey. A los dos principales responsables de Nóos solo se les rebaja la carga de los delitos fiscales.
Pese a haber entregado 800.000 euros en previsión de responsabilidad civil y haber aportado datos sustanciales para el esclarecimiento de los hechos, Jaume Matas también puede acabar en la cárcel. Siguen demandándose 5 años para él. El expresident acaba de vender el palacete de San Felio de Palma por 2,8 millones. Le ha reportado un beneficio de 1,7 y ha podido resarcir parte de lo que se le demanda en Nóos, pero no ha borrado la responsabilidad penal. En cambio, Gonzalo Bernal, Juan Carlos Alía, Pepote Ballester y Miguel Angel Bonet están en condiciones de poder sustituir sus penas por multas y esquivar de este modo la cárcel.
De todos modos, hoy buena parte de la atención continúa centrándose sobre Cristina de Borbón. La infanta se volvió a mantener ayer impasible en la sala de vistas de Son Rossinyol. No ha modificado su actitud.
Manos Limpias sigue demandándole 8 años de cárcel. Basa su acusación en un perito propio cuyo informe no ratificado ha sido admitido como prueba documental. Sin embargo, el fiscal y otras defensas actualizan la tesis de que la esposa de Iñaki Urdangarin y socia con él en Aizoon solo puede ser copartícipe a título lucrativo. Es lo mismo que decir que Cristina de Borbón se benefició de la situación, pero lo hizo de una forma y en unos términos que no comportan delito alguno. El tribunal decidirá.
