El control estricto de los pasajeros en los aeropuertos europeos era una vieja demanda de las autoridades encargadas de la seguridad desde hace años, a la que se resistían sistemáticamente las instituciones más progresistas, celosas de la privacidad de los ciudadanos. Sin embargo, los recientes atentados de París y Bruselas terminaron de debilitar las últimas resistencias y después de cuatro años de interminable debate, el Parlamento europeo aprobaba el pasado 14 de abril por abrumadora mayoría 461 votos a favor, 179 en contra y 9 abstenciones el llamado PNR, el registro internacional de pasajeros aéreos, con lo que de inmediato se creará una macrobase de datos de pasajeros europeos que permitirá acumular diferentes informaciones (si el pasajero vuela solo o acompañado, dónde sube y baja, si lleva equipaje, si lo mantiene en las escalas, etc.) que supuestamente facilitarán a los servicios de seguridad la lucha contra el terrorismo. Aprovechando la circunstancia, el Parlamento aprobó también ese día un controvertido paquete de medidas que incluye el llamado derecho al olvido en internet, un control mucho más severo sobre las empresas que transfieren datos de clientes, y la posibilidad de obligar a que un menor necesite el permiso directo por escrito de sus padres o tutores legales para acceder a ciertas páginas web o darse de alta en redes sociales.
También en España, las sucesivas leyes antiterroristas suscitaron debates semejantes, que versaban en todos los casos sobre el debido equilibrio entre libertad y seguridad. Y, por supuesto, la acción legislativa de todos los gobiernos en esta materia ha sido criticada y, en ocasiones, rectificada. En tiempos de González, la famosa "ley de la patada a la puerta" del entonces ministro Corcuera sufrió muchos recortes antes de aparecer en el BOE? Y la actual "ley mordaza" del ministro en funciones Fernández Díaz ha atraído las iras de toda la oposición, que se ha confabulado para derogarla en cuanto sea posible.
Viene todo esto a cuento de una reunión que han celebrado en Barcelona los días 26 y 26 de abril unos sesenta ombudsman Defensores del Pueblo de una cuarentena de países, organizada por el Síndic de Greuges defensor del pueblo catalán Rafael Ribó, en la que se ha debatido sobre el nuevo orden mundial en materia de seguridad que empieza a extenderse por todo el planeta al socaire del terrorismo y de los grandes movimientos de masas causados por los conflictos bélicos. En un hecho que ambos problemas el terrorismo y los movimientos migratorios están reduciendo los espacios de libertad, impermeabilizando las fronteras existentes y reconstruyendo otras que ya se habían abatido, imponiendo controles a la circulación de personas, etc., de forma que está cada vez más lejos aquella hermosa definición de democracia que cuajó Churchill, que la describía como el sistema político en que cuando llaman a la puerta a las seis de la mañana, todo el mundo sabe que sólo puede ser el lechero. En cualquier caso, el principal mensaje colectivo lanzado por los defensores alerta sobre la pérdida progresiva y continua de libertades con la excusa de más seguridad.
En la Unión Europea, se han alzado muros físicos en el este y el espacio Schengen es ya una entelequia. Pero, además, todos estamos sometidos a controles continuos con diversos pretextos seguridad aeroportuaria, seguridad en las carreteras?, nuestra privacidad sobre todo la financiera se ha vuelto transparente y es creciente la sensación de que el "gran hermano" controla nuestros movimientos cada día con mayor celo. En un cierto momento habrá que plantarse para recuperar unos equilibrios perdidos entre libertad y seguridad que están en el fundamento de la democracia misma.
