La salida de Otegi de prisión, después de seis años de encarcelamiento por pertenencia a ETA, produjo un cierto alborozo popular que fácilmente puede llevar a engaño. Porque, como ha escrito Rodríguez Aizpeolea, uno de los más finos analistas de la política vasca, la realidad desmiente los pronósticos apocalípticos que han efectuado José María Aznar y Jaime Mayor Oreja poco después de tal puesta en libertad ante un público realmente minoritario: lo cierto es que el Sociómetro que confecciona periódicamente el Gobierno vasco informaba la semana pasada de que el independentismo ha caído en Euskadi a mínimos históricos, nada menos que al 19%, a la vez que el 62% de los ciudadanos se encuentran satisfechos con la democracia que impera en el País Vasco, donde las preocupaciones sociales superan con mucho las identitarias.
Tras el final de ETA en octubre de 2011, Amaiur ganó en escaños en el País Vasco las elecciones generales del 20 de noviembre de aquel año (seis escaños con el 24,11% de los votos frente a cinco del PNV con el 27,41%), pero EH Bildu tan sólo ha conseguido dos escaños con el 15,07% de los votos en las elecciones del 20D pasado. Buena parte de los votos soberanistas ha ido a Podemos, que ha ganado en porcentaje de votos las elecciones (25,97% y cinco escaños frente al 24,75% y seis escaños del PNV). En otras palabras, el balón soberanista se ha deshinchado a medida que ha pasado el tiempo, los presos de ETA siguen cumpliendo las penas ante la indiferencia general, y la ciudadanía no puede ocultar su satisfacción por el hecho de vivir en paz, con la mayor autonomía de que jamás gozó el País Vasco.
No deja de ser curioso que este tranquilizador declive del soberanismo en Euskadi coincida con el furor independentista en Cataluña, cuyos partidos de ese signo han acogido a Arnaldo Otegi con aparatosa simpatía. Es incluso patético que el nacionalismo catalán, que nunca fue verdaderamente violento (los pequeños brotes iniciales fueron rápidamente embridados), se identifique ahora con el discurso de los etarras derrotados, en tanto en Euskadi se plantean problemas como la calidad de la democracia o la falta de equidad, de la mano de partidos emergentes de ámbito estatal.
Hoy por hoy, con la perspectiva que dan los 38 años de proceso democrático a las espaldas, es difícil no llegar a la conclusión de que se acertó en el encaje constitucional del País Vasco y, por el contrario, se erró en el diseño del modelo catalán. Ya se sabe que el modelo del concierto vasco y del convenio proporciona ventajas objetivas a las dos comunidades forales, pero las quejas que denuncian ciertas asimetrías provienen más bien del cálculo del cupo que del modelo en sí. Y en cualquier caso, es evidente que el sistema de financiación autonómica general que afecta a Cataluña no es satisfactorio ni equitativo por lo que será preciso revisarlo, renegociarlo y acordarlo de nuevo en el marco multilateral de las Españas, del régimen descentralizado en 17 autonomías.
En definitiva, el independentismo cede cuando los pactos de autogobierno son satisfactorios. De ahí la urgencia de comenzar una negociación multilateral que satisfaga a los catalanes (y a los valencianos, andaluces, baleares, etc.). Nadie ha dicho que el designio vaya a ser fácil ni que el logro de un equilibrio adecuado no provoque sarpullidos, pero no hay opción alternativa. O se consigue la refundación democrática que colme las aspiraciones financieras, culturales, sociales de los distintos colectivos españoles, o las querellas internas nos impedirán recuperar el pulso y afianzar el hoy debilitado Estado de bienestar.
