Las guerras lo deforman y desvirtuan todo y causan largas secuelas y heridas difíciles de cerrar. En contra de las versiones oficiales de los vencedores, en el conflicto bélico no hay victoria porque el daño que se ocasiona es siempre colectivo. Puede haber imposición de las armas de unos sobre otros, con lo cual la dignidad humana y la vida misma quedan pisoteadas, en muchos casos de forma irreversible.
Solo esta triste realidad, de la que poco hemos aprendido, puede explicar, que no justificar, la imposibilidad de hacer algo tan elemental y humano como enterrar y respetar con dignidad a los fusilados en Balears durante la Guerra Civil. Ahora el Govern asume esta responsabilidad, que no es otra cosa que un deber y una deuda pública. El Parlament aprueba la ley de fosas que viene a ser el despliegue de la norma de Memoria Histórica anterior, buena como instrumento de documentación y reivindicación, pero con escaso margen de utilidad práctica. Todos los grupos políticos, con la única abstención del PP, se implican en la tarea de poner nombre y decencia a las sepulturas.
Es tarde pero todavía necesario. La dignificación de los fusilados es incluso oportuna desde el punto de vista religioso en un estado aconfesional como España. Llega cuando el papa Francisco ha abierto el año de la Misericordia. Una de las obras de misericordia es enterrar a los muertos, no echarlos a la cuneta como se hizo en tantos casos. Resulta comprensible que muchos familiares quieran saber del paradero de sus allegados y llevarlos a la tumba propia. Se sabe que en Balears hay 56 fosas comunes de las que solo se ha excavado una, la del cementerio de Sant Joan, para exhumar los cuerpos de dos vecinos de Maria de la Salut. Fue una iniciativa de los dos ayuntamientos que ahora deberá repetirse en otros puntos de las islas desde el momento en que el Govern queda encargado de esta tarea.
Pero no todo el daño padecido permanece enterrado en el anonimato de una fosa común confusa. También está en la identidad, el nombre y la misma biografía de los fusilados. El ayuntamiento de Inca tiene previsto solicitar en pleno, esta noche, la revisión de la condena a muerte de su alcalde republicano, Antoni Mateu, un hombre recordado como culto y carismático y que fue fusilado por "sedición", en el cementerio de Palma, junto a Emili Darder, Alexandre Jaume y Antoni Maria Ques.
Para poder dar curso a una revisión de condena que no es otra cosa que la reparación del honor y el buen nombre, al ayuntamiento de Inca no le queda más remedio que adherirse a la causa colectiva que se sigue en Argentina por los crímenes cometidos durante la Guerra Civil española. La ley de Amnistía impide hacerlo en el país en el que se cometieron los fusilamientos. Es una demostración más de lo laborioso que está resultando la dignificación de los restos y nombres de quienes perecieron en la contienda. Y de que todavía quedan muchas secuelas.
