La semana pasada leíamos en este diario una información de Mar Ferragut sobre la apertura el próximo curso escolar de un nuevo colegio privado en inglés. No es nada nuevo, y viene a confirmar la creciente oferta educativa de centros de estudios internacionales en Mallorca. Lo que sí resultaba un poco más sorprendente era su ubicación en sa Pobla. Hasta ahora, estos colegios se encontraban en municipios o zonas con un porcentaje considerable de residentes extranjeros con alto poder adquisitivo, sobre todo Palma y Calvià. Pero el año pasado también abrió en Santa Maria un centro que imparte sus clases siguiendo el curriculum inglés. ¿Se estará produciendo en el interior de Mallorca una invasión de foráneos acaudalados con hijos en edad escolar? No parece, pero un colegio privado es un proyecto empresarial a largo plazo que implica una costosa inversión inicial. Por tanto, cuando estos planes se acometen con seriedad se someten previamente a rigurosos estudios de demanda. Porque en contra de lo que algunos piensan, a los inversores no les gusta enterrar su dinero en negocios fallidos. Sin haber tenido acceso a esos estudios de demanda, para mi se impone una evidencia. Cada vez hay más familias mallorquinas de clase media dispuestas a emplear una parte de sus ingresos para pagar la educación de sus hijos, que en España es un derecho universal y gratuito. No estamos hablando de ricos, sino de personas con sus necesidades básicas cubiertas que optan por dedicar parte de su renta a pagar un buen colegio, sacrificando otras cuestiones que consideran menos importantes. Esta es una realidad que algunos insisten en negar para no preguntarse por los motivos.
Tras el desastre del TIL, había interés por conocer los planes lingüísticos educativos del nuevo Govern del diálogo y la negociación. El consenso sobre la importancia del aprendizaje de lenguas extranjeras es casi unánime en la teoría. La cuestión es poner ésta en práctica para solucionar el problema, o al menos mejorar una situación indeseable. El tema del inglés en la enseñanza pública de Balears lo ha querido resolver el Govern por la vía rápida. La solución ha sido tan brillante que no han querido perder el tiempo en pesadas negociaciones con la comunidad educativa. También se han ahorrado el coste de las toneladas de vaselina necesarias para hacer pasar por la Assemblea de docents cualquier disposición que introduzca algún cambio en el actual sistema que no sea un incremento en las retribuciones de los profesores, o aligerar su carga de trabajo. El Govern del buen rollo ha dicho a los centros: lo que vosotros veáis, y ya vamos hablando. Es otro estilo, claro, ya despojados de las caretas de la pasada legislatura: ni más recursos para los centros, ni plazos de aplicación más laxos, ni criterios pedagógicos? Bastaba con quitarse el problema de encima. Cada colegio a su bola. La dejación de funciones del Govern ha sido tan desmesurada que se han avergonzado hasta los sindicatos de enseñanza, que ven venir el lío por la falta de unos criterios mínimamente homogéneos para todos los alumnos.
La semana pasada también hemos leído las crónicas de Alberto Magro desde FITUR. Estuvo afilado cuando escribió que Francina Armengol y Biel Barceló van a Madrid para dar las ruedas de prensa en catalán, y a Londres para darlas en castellano. Alguien podría pensar que la presidenta y su vice manejan una teoría revolucionaria sobre la comunicación política, o que no le dan importancia al inglés en el mundo globalizado que nos ha tocado vivir. Pero se equivocarían. Armengol y Barceló saben perfectamente en qué mundo vivimos, o al menos deberían saberlo. Pero también creen contar con la ventaja de miles de padres que desgraciadamente no parecen percibir ni por asomo el entorno laboral al que se van a enfrentar sus hijos en un futuro cercano. De lo contrario mañana mismo tendrían otra marea manifestándose frente a ellos por esa manera tan irresponsable y pasota de hacer política. No exigir a los centros que incrementen una sola hora lectiva en lengua extranjera supone reconocer lo que se viene negando con tozudez y gesto impávido: introducir asignaturas en inglés supone disminuir los contenidos en catalán. No hay otra manera de hacerlo porque en Balears se aplica de facto la inmersión lingüística obligatoria en la enseñanza pública.
Puestos a hacer política de esta manera tan pacífica, el cobro de la ecotasa también podría ser voluntario. Los hoteleros la exigirían según la cara de buen o mal humor que le vean al cliente, o en función de las propinas que deje. La disciplina urbanística debería relajarse un poco, y que los infractores se apliquen o no sanciones a sí mismos en función de su conciencia ambiental y el respeto por el territorio que estimen conveniente practicar. Y lo mismo con los impuestos: cada uno que pague lo que considere oportuno según sus recursos, su ideología y sus circunstancias personales. Por fortuna esto no ocurrirá, porque es obvio que conduciría al desastre y a una injusta desigualdad. Es algo tan evidente como la brecha que cada día se va abriendo entre la enseñanza pública y la privada, de un tamaño abismal e impropia de un país que pretenda garantizar la igualdad de oportunidades de sus ciudadanos más jóvenes. Progresismo lo llaman.
