Los medios dan cuenta siempre, como es su obligación, de las informaciones procedentes de ONGs sobre la creciente desigualdad que aqueja a nuestro país en los últimos años. Por ejemplo, el último informe de Intermon Oxfam que afirma que al concluir 2014 nada menos que 13,4 millones de españoles, el 29,2% de la población, estaban en riesgo de exclusión social, entre otras razones porque el salario medio ha caído con la crisis un 22,2%. Algunos medios de masas más o menos progresistas no sólo reproducen los datos sino que piden soluciones, siempre con la cautela de mantenerse en el terreno de la corrección política. Así por ejemplo. La Vanguardia terminaba en estos términos un comentario editorial moralizante: "No se trata de privar a nadie de lo que es suyo. Se trata de atenuar unas desigualdades que no aportan nada decisivo a los más ricos pero complican y mucho la buena marcha de la sociedad global". Hay que entender que si la corrección de las desigualdades incomodara a los más ricos habría que desistir de tomar medidas. ¿O no? Lo lamentable es que no se vea ni se diga, por tanto que esta desigualdad creciente y lacerante es la que está generando la gran desafección política de un grupo cada vez mayor de población. La que ha vuelto difícil la gobernabilidad de este país y la que está reduciendo a la mínima expresión a los partidos que no han reaccionado a tiempo ante el dramático empobrecimiento de demasiada gente.
