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Antonio Papell

¿Qué reforma constitucional?

El discurso de Pablo Iglesias tras las elecciones se inclina por anteponer las reformas a los acuerdos entre partidos. "No toca hablar de entendimiento con partidos, sino de reformas. Vamos a tender la mano a todas las fuerzas para los cambios ineludibles", dijo este lunes. En estas elecciones, según Iglesias, "España ha votado cambio de sistema y esto tiene unas implicaciones constitucionales inaplazables e imprescindibles", implicaciones que se traducirían en una reforma constitucional basada en cuatro elementos: "Primero, el blindaje de los derechos sociales", ha anunciado. Esto se concreta en "derecho a vivienda, paralización de los desahucios sin alternativa habitacional" y en garantizar una "sanidad y educación públicas". Podemos también exige una "reforma del sistema electoral que lo adapte al criterio proporcionalidad" que recoge la carta magna. En tercer lugar, pretende introducir "la moción de confianza ciudadana en caso de incumplimiento del programa", es decir un revocatorio mediante referéndum. Y en cuarto lugar, ha dicho el líder de Podemos, "estas elecciones han dejado claro que el nuestro es un país plurinacional", lo que debería conducir a una reforma del modelo territorial y a la celebración de un referéndum en Cataluña.

La necesidad de una reforma constitucional ya no es discutida, pero se entiende mal que se la quiera anteponer a una fórmula provisional de gobernabilidad que mantenga al país en marcha y que convoque a todos los actores a un gran consenso.

En lo que toca al contenido de la mudanza, parece claro que la médula de dicha reforma debe ser la consolidación del sistema de organización territorial, que debe definirse en la carta magna de 1978 no se describe sino que se establece el procedimiento para configurarlo con una cierta coherencia interna de corte federal, un deslinde claro entre las competencias estatales y autonómicas y el establecimiento de un modelo de financiación acordado por todos y capaz de satisfacer legítimas aspiraciones de autogobierno. En este "salto federal" no cabe, evidentemente, el reconocimiento del derecho de autodeterminación, que tampoco está reconocido en las grandes constituciones democráticas europeas, pero sí ejercitarán los catalanes, como los demás españoles, el "derecho a decidir" cuando refrenden esta reforma constitucional y, en su caso, cuando se doten de un nuevo estatuto de autonomía adaptado a ella.

Este punto, el de la organización territorial, es el más urgente y sensible, y Podemos puede y debe contribuir a generar el consenso capaz de pacificar Cataluña. En lo tocante a los otros tres puntos del enunciado de Podemos, son perfectamente aceptables, tras una negociación, el blindaje de los derechos sociales, que ha sido asimismo defendido por el PSOE, y la reforma electoral, que debe adaptarse a la mayor sensibilidad actual, que hace intolerable la vigente asimetría. En lo referente al referéndum revocatorio, un producto del más puro chavismo, los politólogos de Podemos deberían tener en cuenta que la figura que proponen tiene sentido en un sistema presidencialista, en que el jefe del Estado, dotado de poder ejecutivo, es elegido por sufragio universal, pero no en un sistema parlamentario, en que el poder ejecutivo es ostentado por un primer ministro elegido en una decisión de segundo grado por el Parlamento. En nuestro sistema, en fin, la revocación debe provenir de una moción de censura parlamentaria y no de una consulta popular, que podría entrar en conflicto con la posición, también soberana, del parlamento.

En cualquier caso, no quiere una reforma constitucional quien enuncia de antemano su contenido concreto e irrevocable. La reforma, si llega, habrá de provenir de un trabajado consenso en el que todos los participantes hagan grandes concesiones.

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