"In publicis nihil este lege gravius"
"En asuntos públicos nada debe tener más peso que la ley"
(Cicerón: Filípicas, 2,4,109)
El llamado "problema catalán", ya cansino, pone en evidencia que la Constitución del año 78 resolvió de forma imperfecta el problema de un país integrado por diferentes comunidades," nacionalidades", con distintas culturas, idiomas y sensibilidades y probablemente con ciudadanos con distintos fenotipos. España se constituyó por la unión de reinos desiguales que eran patrimonio de los reyes católicos. Fernando, con su clara inteligencia política, logró articular bajo una misma Corona aquellos dominios. Durante varios siglos se ha pretendido homogeneizar la organización política de las regiones que forman el país, tarea harto difícil. España es un conjunto de territorios encajados en un "crisol" en el que deben coexistir y deberían convivir en armonía diferentes pueblos al modo que lo hacen los alemanes, los suizos o los belgas. Israel Zangwill, (1908), escribió una obra de teatro, The melting pot ("El crisol"), en la que se evidencia que lograr una "argamasa" de sociedades heterogéneas no es tan fácil de alcanzar.
En un reciente viaje coincidí con una señora que durante el transcurso de una recepción en la Embajada de España se encaró con el embajador Josep Pons Irazazábal porque se había dirigido a los asistentes mayoría mallorquines en catalán y en castellano. La impertinente señora recriminó al embajador el uso de la lengua de Mallorca, nuestra lengua, siendo él, el embajador, representante de España. Josep Pons, que es un mallorquín importante que ha realizado y realiza una excelente labor diplomática, de forma muy educada le dijo que había hecho uso del catalán y del castellano, las dos lenguas oficiales y adecuadas para aquella ocasión. Posteriormente me propuse explicar a la susodicha que la lengua de Mallorca es tan española como el gallego, el euskera o el castellano y que el Embajador había actuado de forma correcta y considerada hacia los mallorquines. La inculta señora, madrileña por cierto, decía que no, que la única lengua española es el "español". Ante tamaña ignorancia opté por dar por concluida la conversación. Produce desanimo que haya gente, mucha, que en lugar de razonar desde el conocimiento y desde la razón lo hagan desde la ignorancia y visceralidad.
La dificultad radica en que desde Madrid siempre se ha identificado España con Castilla, sin querer entender y aceptar que existen otras identidades no castellanas. Esto además de ser una realidad, es una riqueza histórica y cultural, patrimonio de la nación. En Madrid tienen un problema, no entienden esto y no lo quieren entender. El decirle a un mallorquín, a un gallego, a un vasco o a un catalán que su lengua no es española es expulsarle de una concepción cordial, afable y respetuosa de España es imponer un noción hosca, arbitraria y excluyente de Estado. Cicerón dijo que en asuntos públicos nada debe de tener más peso que la ley. La primera ley de este país es la Constitución que reconoce diversas identidades y tres lenguas oficiales además del castellano.
Si analizamos la cuestión de la financiación, asunto difícil y siempre desacertado, advertiremos que la situación actual crea fuerte tensión entre el gobierno central y los gobiernos autonómicos. Con el sistema actual aparecen injusticias flagrantes. Euskadi, por ejemplo, disfruta de un concierto económico por el que a través de sus diputaciones recauda impuestos, apenas aporta al conjunto y sin embargo recibe servicios del Estado y escasamente contribuye a la solidaridad. Posición esta que sorprendentemente nadie discute, muy ventajosa para los vascos e irritante si se compara con la poca financiación que soporta Mallorca. Navarra, con su régimen foral, mantiene privilegios históricos y discriminatorios con respecto a otras comunidades y mucho más si se compara con Balears que se ven obligadas a subvencionar a otros territorios, Andalucía, Extremadura, Galicia, las Castillas, que tienen además menor presión tributaria.
El tema espinoso de la financiación se debería resolver como se hizo en Alemania, estableciendo límites a la solidaridad. El embarazoso tema de la lengua y de la identidad se zanjaría dando protección desde el Estado, de forma sincera, efectiva y respetuosa, relevando y desterrando los criterios centralistas. La solución de estos problemas no pasa por ignorarlos sino por aceptar una realidad histórica, entenderla y darle salida consensuada. Si las cuestiones privadas entre ciudadanos deben resolverse según la ley, con más razón los asuntos públicos competencia del gobierno central o de los autonómicos deben abordarse desde la ley y la equidad, tal como ya enjuició Cicerón en las filípicas, cuando dijo que en asuntos públicos nada puede tener más peso que la equidad y la ley.
