El presidente del Gobierno, en uso de sus facultades constitucionales, disolverá este mes el Parlamento y convocará en el mismo decreto las elecciones generales el día 20 de diciembre.
Según el artículo 68 de la Constitución, el mandato del Congreso termina en todo caso cuatro años después de su elección. En este caso, el 20 de noviembre próximo. Y las elecciones habrán de celebrarse entre los treinta y sesenta días desde la terminación del mandato. Para el Senado rigen idénticas prescripciones constitucionales.
Quiere decirse, en fin, que no haría falta disolver las Cortes para poder celebrar las elecciones el 20 de diciembre: bastaría con agotar su mandato, con lo que los parlamentarios cesarían automáticamente en sus cargos, y con convocar en cualquier momento las elecciones para el mencionado día, que se encuentra en la horquilla posible.
Algún análisis publicado asegura que Rajoy no ha querido prorrogar hasta el final la vida de las Cámaras para evitar debates peligrosos en fechas tan cercanas a las elecciones. Pero es patente que, en previsión de algún acontecimiento inconveniente en Cataluña, sería mejor disponer de las Cámaras en activo que tener que recurrir a las Comisiones Permanentes, que sólo deberían ocuparse de asuntos ordinarios.
