La precisión a que alude el título, se antoja oportuna con relación al hecho que se reseña: una pareja de lesbianas han denunciado al ministerio de Sanidad, la Comunidad de Madrid y a la Fundación Jiménez Díaz, tras ser excluidas el año pasado, al amparo de la orden ministerial de fecha 31 de octubre de 2014 y siendo Ana Mato por entonces la ministra, del tratamiento de reproducción asistida que solicitaron en su día.
Y no disiento porque la señora Mato, que dimitió al mes de dicha resolución tras ser implicada en el caso Gürtel, fuese antes ni ahora santo de mi devoción. Durante su mandato se proyectó un copago farmacéutico en los hospitales que terminó en nada, al igual que la exclusión sanitaria (ésta efectiva hasta hace poco) para los inmigrantes en situación irregular. Sin embargo, la orden citada, no circunscrita al tema objeto de litigio (también regula el cribado mamográfico o las condiciones que justifican análisis genéticos), precisa que los tratamientos en el ámbito de la reproducción deben ayudar a la gestación de aquellas personas con imposibilidad para conseguirla de forma natural y a este respecto como apuntó, a mi juicio acertadamente, la exministra, "la falta de varón no es un problema médico", ni vulnera por tanto derechos fundamentales como las demandantes sugieren, lo que sí ocurriría de mediar patología.
Todo el derecho a cualquier opción sexual libremente asumida, pero convendrá subrayar, como afirmara lúcidamente María Zambrano tiempo atrás, que al elegir uno/a se va eligiendo y, en paralelo, será oportuno aceptar las consecuencias, admitiendo que no se trata de que las cosas sean así, sino que así las he querido y son por tanto de mi exclusiva responsabilidad. Por lo demás, ojalá los recursos disponibles permitiesen el café para todos pero, dado que no todo lo deseable es posible, se impone una priorización que, en sanidad, supone atender alteraciones de la normal fisiología, enfermedades y, en lo posible, su prevención. Para ello, el presupuesto ya se revela insuficiente y con visos de ir a peor. En estas circunstancias, la inversión que la pareja reclama sería difícilmente justificable frente a unas listas de espera quirúrgicas inaceptables, el obligado abono del 40% por adquirir los necesarios medicamentos o, por no seguir, unos retrasos terapéuticos que pueden comprometer la vida debido al costo de determinados fármacos.
En semejante contexto asistencial, las dificultades gestacionales debieran ser evaluadas con criterios médicos. ¿Pareja heterosexual u homosexual en la que uno/a es hipofértil o estéril? Por mediar alteración, el tratamiento o la fertilización deberán ser contempladas. ¿Lesbiana o soltera que rechaza la penetración y gestación consiguiente, espermatozoide mediante? Absolutamente legítimo, pero alternativas e importe habrían de correr a su cargo, toda vez que no existe motivo para una intervención terapéutica que, de producirse, podría considerarse superflua e injusta frente a otros requerimientos pospuestos sin más justificación que la insuficiencia presupuestaria. Se trata, en síntesis, de aceptar que cada uno de nosotros no es lo único importante frente a la obligación institucional de intervenir con criterios de equidad y justicia social, sin que sea lícito ni solidario esperar a que el viento (la acción sanitaria) se subordine a nuestras querencias y sople siempre hacia donde hemos orientado las velas. Y por supuesto que los hechos se ofrecen en perspectivas individuales como decía Ortega y, en consecuencia, podrá discreparse de lo antedicho, aunque ello no sea óbice para que determinados comportamientos y lo que de ellos se derive deban permanecer en el ámbito privado, sin implicar a un bolsillo colectivo que no está para alegrías.
Leí hace unos meses que algunas mujeres, en Corea del Sur, demandan cirugía sobre sus párpados para, a través de una mayor apertura, parecer occidentales. De ocurrir aquí lo contrario, ¿debería financiarse para evitar la frustración? Por seguir con la estética, una cosa es actuar sobre la obesidad mórbida y otra distinta sobre unos quilitos de más. Y la reconstrucción mamaria o el aumento/disminución de su volumen, tendría que justificarse con argumentos sanitarios para obtener financiación pública. No sería defendible que, con el dinero de todos, se aumentara la altura de alguien porque quiera jugar a baloncesto; que se efectúen pruebas genéticas a cualquiera que lo solicite y con independencia de su riesgo o que hubiese quien, por su aversión a los zapatos, exigiera de su ayuntamiento el acolchado de la acera. Supuestos extremos si quieren, pero que informan la tesis expuesta y sitúan la reivindicación de la pareja lésbica en escenario distinto a esa "Violación de derechos" que aducen. Su derecho es a optar por lo que prefieran, pero si el coito (modo fisiológico de reproducción) no se contempla ni existe patología que imposibilite el embarazo, la solución no compete a la sanidad pública. A pesar de todo, no me extrañaría que finalmente se imponga el buenismo y lo consigan por sobre la orden ministerial. A cargo de los contribuyentes.
