José Álvarez Junco, autor del magnífico Mater Dolorosa: la idea de España en el siglo XIX, nos ha iluminado con un espléndido artículo sobre la nación, la nacionalidad y el Estado, que arroja chorros de luz sobre el problema catalán y aporta algún elemento inédito que conviene subrayar en medio de la campaña que precede a las descabelladas elecciones "plebiscitarias" del domingo 27.
Uno de estos elementos, quizá el más hiriente para los promotores de la ruptura, es el del cui prodest, es decir, el de a quién beneficiaría la independencia de Cataluña. En el referido trabajo, el historiador llega a la conclusión de que "en términos prácticos, incluso si el proceso de secesión no fuera traumático ni costoso cosa improbable, la vida del ciudadano de a pie seguiría siendo muy parecida a la actual. Lo único nuevo serían unas compensaciones emocionales: saber que está en su casa, en Cataluña, fuera de las garras de la opresora España".
E inmediatamente añade: "Quienes sí obtendrían algo más que recompensas simbólicas serían las elites políticas barcelonesas, que pasarían de ser autoridades regionales a estatales. Subirían de rango, aumentarían su poder y recibirían mayores honores en sus visitas al exterior. Los ciudadanos catalanes deberían pensarse si vale la pena embarcarse en tan arriesgada aventura para que se beneficien sólo los políticos de su capital".
Ésta es la realidad: Artur Mas, quien con su victimismo irritante se lamenta cínicamente de las trabas imaginarias que le impone el Estado para que no se codee con los primeros ministros y los mandatarios de la Unión Europea, subiría evidentemente de nivel y accedería él también al rango de jefe de Gobierno, y quién sabe si de jefe de Estado. Todo el establishment autonómico subiría también de categoría, y, lo que es más grave, las gravísimas historias de corrupción que han afectado a todos los partidos con poder en Cataluña pero sobre todo a los nacionalistas congregados por Pujol que acuñaron el actual modelo reivindicativo y quejumbroso, dejarían de comprometer a sus autores, al salir todos ellos del alcance de los tribunales españoles, de las fuerzas de seguridad y de la Agencia Tributaria que han destapado sus miserias, que compendian un gravoso latrocinio que han pagado íntegramente los ciudadanos de Cataluña.
Ésta es en definitiva la cruda realidad: fuera de todo control, los impulsores del "proceso", los mismos que no han movido un dedo para aliviar los efectos de la crisis a sus ciudadanos (su preocupación versaba exclusivamente sobre la emancipación), mejorarían sin duda su statu quo con unos grados de libertad desconocidos (ahora están sujetos a las reglas que impone el Estado).
Decía recientemente Josep Borrell en una entrevista en la prensa catalana: "el poder central libera; el poder local oprime: llegaba el comisario revolucionario francés al pueblo remoto ¡y liquidaba al obispo y cacique opresores! Justicia". Hoy día, es el poder catalán, el poder autonómico, el que ha abusado de los ciudadanos, expoliándoles, como es manifiesto por la larga lista de procesos abiertos. Y son esos poderosos los que más interés tienen en librarse el "yugo opresor" de un Estado que les persigue? porque los Pujol y compañía han cometido delitos contra el pueblo de Cataluña. Un pueblo que antes o después saldrá del ensimismamiento y se percatará de la gan trampa que le han tendido quienes tratan de explotar su sentimiento de pertenencia en beneficio propio.
