Si, en términos generales, no hay acuerdo entre la Administración Autonómica y la Central sobre los contenidos de la ley orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) tampoco puede haberlos sobre su entrada en vigor. Era sabido, pero ayer quedó oficializado en la reunión de la Mesa Sectorial de Educación. Balears figura entre las doce comunidades discrepantes que han presentado una batería de propuestas alternativas "con garantías jurídicas" para retrasar la entrada en vigor de la controvertida norma. Son las regiones con presidencia del PSOE más Canarias, Cantabria, Cataluña, Navarra y País Vasco. Han etiquetado la ley de "innecesaria, inconveniente e inoportuna".
Además, sostienen que si la LOMCE va a ser derogada, como ha prometido el PSOE y sus potenciales socios de gobierno una vez que tengan acceso a La Moncloa, no tiene sentido alguno estrenarla el próximo mes. En estos momentos sólo las comunidades gobernadas por el PP y por supuesto el ministro Iñigo Méndez de Vigo, aceptan la herencia de la ley Wert. Las discrepancias empiezan ya por el propio enunciado. La contribución a la calidad educativa a la que hace referencia la denominación de la norma es puesta en cuestión por quienes han detectado en el articulado de la LOMCE claros signos de retroceso y confrontación con la efectividad docente, la realidad social y hasta la realidad geográfica y la pluralidad cultural.
Balears figura ahora mismo entre las comunidades que se balancean entre el acatamiento de la ley y el escaso crédito que le merece. Esta es la postura que se desprende de las declaraciones que ha ido realizando el conseller March. Todo apunta que se intentará eludir la polémica pública y hacer una aplicación lo más diferida posible de la nueva ley. Pero, contemplada la situación desde las necesidades profesionales de la comunidad educativa y hasta de la organización doméstica de los padres de alumnos, el diagnóstico hoy, a un mes escaso del inicio del curso escolar, es de desconcierto. La LOMCE debe aplicarse en septiembre en los cursos impares de secundaria y bachillerato y expandirse por toda la primaria. Algunos centros lo tienen previsto, otros no tanto y mantienen su programación y currículos entre la apatía que genera una norma a la que sus propios defensores conceden escaso recorrido.
Es el problema, nada menor, de la incapacidad de estabilizar y consensuar el marco legal de la Educación en España. Este país se caracteriza por coleccionar normas docentes que caducan prácticamente con cada alternancia en el Gobierno, con la consiguiente inestabilidad y merma de la calidad formativa que ahora la LOMCE, falta de salud, asegura proteger. No será el caso porque lo primero que necesita una disposición legal general en materia educativa es tener capacidad de integración y de ser asumida y respeta por todos. Sería interesante que las distintas fuerzas políticas aprendieran de una vez por todas esta primera elección elemental, imprescindible para gestionar con solvencia todas las modalidades docentes. Sin embargo, vistos los fracasos, se denota poca aplicación en ello.
